Ahora sí, caiga quien caiga, y sin importar colores partidistas, el gobierno de la Cuarta Transformación irá por todos aquellos gobernadores que hayan sido señalados por presuntos nexos con el narco y el crimen organizado. La lucha es grande y llevará tiempo, pero ya empezó. Y como toda misión de largo aliento hay que iniciarla por el principio, este gobierno federal, la autónoma Fiscalía General de la República y el independiente Poder Judicial tuvieron que ir al lejano año de 1989 para iniciar la lucha. Sin intención política alguna, se decidió ir por el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo, quien es acusado de operar una red de huachicol fiscal de proporciones gigantescas. Con alguien se tenía que empezar, y a Ruffo le tocó ser el primero en encabezar la lista de los políticos presumiblemente participantes en la delincuencia organizada.

El siguiente blanco encontrado por la justicia del Bienestar es Ángel Heladio Aguirre Rivero, quien llegó hace tres lustros a la gubernatura del estado de Guerrero bajo los colores del PRD. Su gobierno solo duró de 2011 a 2014 ya que tuvo que dejar el cargo tras los sucesos del 26 de septiembre de 2014 en los que fueron atacados y desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa. Ahora, el larguísimo brazo de la ley alcanzó al exgobenador Aguirre, quien por esas casualidades de la vida está preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano junto con Ruffo.

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, se encuentra
actualmente detenido en el penal de El Altiplano. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, se encuentra actualmente detenido en el penal de El Altiplano. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Con este veloz ritmo de justicia que ha alcanzado la autónoma FGR, el próximo en visitar las celdas del Altiplano podría ser Alejandro “Alito” Moreno, quien hace ya 11 años fue electo gobernador de Campeche y terminó su mandato en 2019. Hoy, “Alito“ es senador de la República y presidente nacional del PRI. Y aunque al priista no se le relaciona con la delincuencia organizada, las acusaciones en su contra equivalen a las de un capo, pues le atribuyen peculado y desvío de recursos; enriquecimiento ilícito; lavado de dinero; uso de redes de empresas fantasma y prestanombres; uso indebido de atribuciones y facultades, y más recientemente, traición a la patria. “Alito”, según la 4T, podría ser por sí mismo un cártel, y, por lo tanto, en El Altiplano ya hay una celda reservada con su nombre.

Entonces, si el promedio de eficiencia de la FGR sigue en los exitosos niveles actuales, podríamos pensar que, en unos 15 años, a su tierna edad de 92, Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, pueda ser llevado ante la FGR para responder por las acusaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos. Eso sí, siempre y cuando Washington ya haya enviado las pruebas de que el morenista tiene algún vinculo con el cártel de Sinaloa. Será entonces cuando se sepa si el bonachón Rocha Moya trabajaba para los Chapitos, si participó en el secuestro de “El Mayo Zambada” y quizá, se pueda saber quién mató a Melesio. Pero eso será en el cuarto o quinto piso de la 4T, no antes.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, encabezó el inicio del Programa de Fertilizantes para el Bienestar a casi 60 mil productores del campo de los veinte municipios de Sinaloa. Rechazo que vaya pedir licencia a su cargo ante los señalamientos del gobierno de Estado Unidos de tener nexos con el grupo criminal de Los Chapitos. Afirmó que se defenderá por la vía legal para demostrar su inocencia, pero seguirá trabajando al frente del Ejecutivo Estatal. Foto: Cuartoscuro
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, encabezó el inicio del Programa de Fertilizantes para el Bienestar a casi 60 mil productores del campo de los veinte municipios de Sinaloa. Rechazo que vaya pedir licencia a su cargo ante los señalamientos del gobierno de Estado Unidos de tener nexos con el grupo criminal de Los Chapitos. Afirmó que se defenderá por la vía legal para demostrar su inocencia, pero seguirá trabajando al frente del Ejecutivo Estatal. Foto: Cuartoscuro

Roma no se construyó en un día, y hacer justicia no toma tan poco tiempo como el que se necesita para construir una refinería, un tren o un aeropuerto, hay que armar casos sólidos basados en pruebas científicas y en testimonios creíbles, para que los exigentes jueces que fueron electos por el pueblo, con el apoyo de acordeones, determinen la culpabilidad o la inocencia de los gobernadores.

Luego de Rocha, allá por el 2050, seguirán en turno, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, quien para entonces ya habrá sudado millones de litros de agua bendita. Américo Villareal, de Tamaulipas, quien cumplirá más de dos décadas de no visitar los Estados Unidos. También será el momento para el caso de Marina del Pilar Ávila, de Baja California, quien quizá para entonces ya viva en secreto en algún estado del vecino país bajo el programa de protección de testigos del FBI, o alguna otra agencia estadounidense. Que bueno que, por fin, la 4T se decidió a empezar la lucha contra los narcogobernadores, enhorabuena.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Foto: Especial
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Foto: Especial

ME CASO GANSO. – Cosas de la 4T.- En el pasado conservador se decía que el buen juez por su casa empieza, ahora, en los tiempos de la transformación que vive México desde 2018, el buen juez empieza por la casa de su opositor. Bien decía aquel sabio tabasqueño: “estamos viviendo un momento estelar de la historia de México”.

Comentarios