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A cuatro meses de haber iniciado funciones, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presume haber aumentado el ritmo en el desahogo de sus pendientes: pues según su último informe de labores pasó de resolver 1.8 asuntos por sesión a 16.4 tras eliminar salas, reducir integrantes y concentrar todo en el Pleno.
Especialistas advierten que el énfasis en la eficiencia ha venido acompañado de fallos. “No se trata solamente de un concurso de rapidez, sino también de calidad de las decisiones para que se garantice el abatimiento del rezago”, sostiene en entrevista Luis Eliud Tapia, abogado especializado en derechos humanos.
Melissa Ayala, maestra en derecho por la Universidad de Harvard, advierte deficiencias graves en algunos asuntos que han causado la protesta del gremio jurídico. Una de ellas ocurrió en septiembre del año pasado, cuando un proyecto de la ministra Lenia Batres propuso revisar el criterio que obligaba a consultar a personas con discapacidad respecto a leyes que inciden en sus vidas.
Tras el reclamo y audiencias con organizaciones civiles, el debate para avanzar en el fallo del asunto aún no tiene fecha para reanudarse. Ayala toma este episodio para puntualizar en cómo las decisiones de la Corte sientan un precedente obligatorio para todos los tribunales y juzgados del país, por lo que sus resoluciones deben ser cautas y bien estudiadas.
Hugo Aguilar, el actual ministro presidente de la Corte, en sintonía con el gobierno federal, incorporó la austeridad como un eje principal y estima que la política de contención del gasto permitirá un ahorro de 661 millones de pesos durante 2026.
Ante esto, Tapia sostiene que “la justicia es un servicio público y para que haya un servicio de calidad se necesita un presupuesto”.
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¿Una Corte más cercana al pueblo?
Algunas de las principales resoluciones del nuevo Pleno ha estado relacionadas con el acceso a derechos sociales. En diciembre, la SCJN amplió el alcance de las pensiones familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al establecer que personas que no son parientes directos pueden acceder al beneficio si acreditan dependencia económica y un rol parental efectivo respecto del trabajador fallecido.
En noviembre, la Corte atrajo el caso de la disputa que mantienen pueblos mayas contra la empresa Xcaret por la supuesta apropiación de símbolos de la comunidad indígena. Para Luis Tapia, este tipo de decisiones deben leerse con cautela. “No tenemos a la Corte más progresista del mundo”, sostiene, y agrega que aunque hay señales de apertura, aún no se garantiza plenamente una “perspectiva pluricultural en el acceso a la justicia”.
Otro asunto donde se acusaron deficiencias en el criterio de los actuales integrantes del Supremo fue cuando validó la incorporación de la violencia vicaria en la legislación federal, decisión que fue cuestionada por organizaciones civiles al considerar que se trata de un marco normativo con vacíos relevantes. Colectivos especializados advirtieron que la reforma no garantiza una protección integral a las víctimas y genera criterios desiguales en su aplicación.
Entre los principales señalamientos está que la ley no reconoce de forma explícita a niñas y niños como víctimas directas, pese a que suelen ser utilizados como instrumentos de daño en este tipo de violencia. “Hay que recordar que la Suprema Corte está obligada a resolver con base a lo que se les está pidiendo”, coincidieron los especialistas.
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Aunque la Corte avaló la constitucionalidad de la reforma, también exhortó al Congreso a corregir y perfeccionar la legislación. Para las organizaciones, este llamado confirma que el reconocimiento legal de la violencia vicaria avanza, pero aun sin un diseño normativo capaz de responder plenamente a la complejidad del problema.
Los cuestionamientos sobre los criterios de la nueva Corte alcanzaron su mayor punto con la controversia de la “cosa juzgada”, un principio del derecho que implica que cuando ya se realizó una sentencia definitiva en un caso, no se puede volver a juzgar el asunto otra vez.
A finales de noviembre, cinco integrantes del Pleno plantearon realizar un cambio en el criterio respecto a la obligación del Estado de restituir recursos al Fondo de Ayudas, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas, lo que generó reclamos sobre si se podría estar reabriendo asuntos ya concluidos.
La discusión llegó hasta la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum: “Lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado”, zanjó. Poco después, la Corte emitió un comunicado en que en el que negó que el principio de la cosa juzgada estuviera en riesgo.
Impuestos y controversias
Las resoluciones en materia fiscal han sido uno de los principales blancos de crítica para la Suprema Corte. En diciembre, avaló la constitucionalidad del cobro de 2% a empresas como Uber y Didi en la Ciudad de México, al considerar que no se trata de un impuesto, sino de un aprovechamiento por el uso y explotación de la infraestructura urbana.
La decisión ha generado debate entre el sector empresarial, especialistas y organizaciones, que advierten posibles impactos económicos y tensiones con compromisos internacionales como el T-MEC.
“Los ministros y ministras deben tener cuidado es que la manera en que interpreten los temas fiscales, pues hay diferentes tipos de contribuyentes, no todas las personas tienen estrategias para no pagar impuestos y tienen a su disposición abogados para alargar litigios”, considera Luis Tapia.
También en noviembre, la SCJN discutió recursos promovidos por empresas de Ricardo Salinas Pliego con relación a créditos fiscales impugnados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Supremo consideró infundados los amparos y ordenó el pago de los adeudos.
Melissa Ayala enfatiza que es fundamental que todos los casos se atiendan con base en los precedentes y que se resuelvan de manera imparcial. “Las animadversiones personales pueden existir, pero el papel de un juez o una jueza constitucional es el emitir sentencias apegadas a la ley”, asevera.
Ante la resolución, Salinas Pliego aseguró que los ministros omitieron el análisis del fondo jurídico y no consideraron un “evidente acoso político” en su contra.
Para este 2026, la Corte tiene pendiente la resolución de impugnaciones de adeudos de otras empresas trasnacionales como Movistar, a quien el SAT reclama 4 mil 442 millones de pesos. Samsung también está en espera del Supremo, pues el órgano tributario le requiere 6 mil 714 millones de pesos por concepto de IVA entre 2019 y 2023.
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Ni el desastre anunciado, ni la promesa cumplida
Pese a las deficiencias y preocupaciones del gremio jurídico, los especialistas consultados señalan que, hasta el momento, la nueva Suprema Corte se ha desempeñado mejor de lo proyectado inicialmente.
“Existe todavía una curva de aprendizaje, pero está siendo menor a la que esperábamos”, indica Melissa Ayala. “No es tan mala como sus críticos más duros lo habían pensado, ni tan buena como sus mejores promotores lo habían prometido”, matiza Luis Tapia.
Ambos destacan el trabajo de Hugo Aguilar como mediador en el Pleno. “Ha sabido ser el director del debate, incluso mejor que otros presidentes y presidentas de la Suprema Corte”, consideró Tapia. Sin embargo, señala que a excepción del máximo tribunal, el resto del Poder Judicial tras la reforma del año pasado es un “desastre”.
Con las próximas elecciones judiciales acercándose, el abogado recalca que será necesario estar al pendiente de los movimientos de la Corte para evaluar su papel político y en la nominación de jueces y magistrados.
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Laynez augura Corte “irrelevante”
En entrevista con EL UNIVERSAL, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, anticipó que la integración del máximo tribunal será mayormente irrelevante, salvo en asuntos que la pongan realmente a prueba, como la prisión preventiva oficiosa.
Esta figura jurídica ha sido considerada contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó al Estado mexicano reformarla o eliminarla.
“México había obedecido a la Corte Interamericana, yo diría, sin chistar, porque su jurisdicción está reconocida en nuestra Constitución. Ahora no sólo no se ha cumplido, sino que incluso se agregaron más delitos a la lista que ameritan prisión preventiva oficiosa para desafiar a la CIDH”, señala.
Se prevé que en 2026 la Suprema Corte revise esta figura que mantiene a cerca de 50 mil personas en prisión sin una sentencia. “¿Qué Suprema Corte quieren ser? ¿Hasta dónde están dispuestos a dejar un legado individual o colectivo en estos temas? Ahí es donde veremos de qué está hecha esta nueva Corte”, concluye Laynez.
Con información de Brenda Martínez y Erick Moctezuma.
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