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En una sesión extraordinaria realizada en Tenejapa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a una comunidad tzotzil de La Candelaria para que el Congreso de Chiapas legisle y establezca un marco normativo que le permita ejercer un autogobierno.
El proyecto, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, se trata de un pueblo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que celebró una Asamblea Comunitaria en la cual acordó iniciar las gestiones ante autoridades gubernamentales para ejercer un derecho a la autonomía y autogobierno indígena, con base en un sistema normativo propio.
La Comisión designada presentó ante el Congreso estatal una solicitud de reconocimiento de la comunidad como sujeto de derecho público, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de su “libre determinación”.
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El Congreso de Chiapas, sin embargo, negó la petición, bajo el argumento de que no había fundamento legal para atender esta solicitud. Ante esto, la comunidad tzotzil presentó una demanda que se abordó en el proyecto de amparo 344/2025.
La ponencia de Ortiz Ahlf propuso amparar a la comunidad de La Candelaria y ordenar al Congreso de Chiapas una legislación que permita ejercer este autogobierno.
La resolución del Alto Tribunal vincula a las autoridades del Estado para que, a más tardar dentro de 90 días, se adopten medidas que garanticen el ejercicio del autogobierno reconocido, incluso la entrega proporcional de los recursos públicos que le corresponden.
“Los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Reconocer su autonomía sin recursos ni reglas claras equivale a negarla en la práctica”, expresó la ministra en sesión del Pleno, en la que acudieron autoridades tradicionales y habitantes de este pueblo.
La ministra de la Suprema Corte señaló, posterior a la resolución, que el autogobierno indígena no es una concepción política “ni depende de la voluntad del gobierno en turno”, sino que es un compromiso internacional asumido por México.
En ese sentido, destacó que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no son simbólicos ni decorativos, sino obligatorios.
“Este es el nuevo rostro de la justicia: una justicia que va a caminar de la mano con el pueblo, que va a atender a la gente que muchas veces está en el último lugar de la lista de prioridades. Nuestro país está cambiando y la Corte no se podía quedar atrás”, expresó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
Esta decisión del Máximo Tribunal determinó que los Congresos locales deberán adecuar sus marcos normativos, con el objeto de hacer posible el ejercicio efectivo del autogobierno indígena
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