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La sentencia de 19 años de cárcel contra dos militares por torturar sexual a la indígena Valentina Rosendo Cantú “es un ejemplo más de que el Poder Judicial puede contribuir a cambiar las realidades de este país”, afirmó Jan Jarab, represente en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), durante la conferencia Histórica sentencia judicial contra militares por tortura sexual derivada de la Corte Interamericana.

“Siempre dije la verdad y aquí estoy”, dijo Valentina Rosendo Cantú, quien relató que su lucha comenzó hace 16 años, cuando fue agredida por un grupo de militares en la comunidad de Caxitepec, Guerrero.

El fallo sobre el caso fue emitido en primera instancia el pasado 1 de junio por el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Guerrero, luego de que en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó una sentencia contra el Estado Mexicano, en la cual ordenó que se castigara a los responsables de la agresión que sufrió Valentina Rosendo cuando tenía 17 años y se reparara el daño.

La indígena me’phaa recordó que cuando denunció las autoridades no le creyeron e incluso se burlaron de ella, por lo que tuvo que aprender español para saber lo que sucedía en su caso y lograr que se le hiciera justicia. “El gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso de que fui agredida por los militares”, señaló, y destacó que la sentencia ahora comprueba que ella nunca mintió.

“Los militares que agreden a las mujeres nunca se han castigado”, comentó, por eso considera que el fallo en su caso va a favorecer que haya justicia para ella y para otras personas que han sufrido.

Jarab afirmó que la sentencia de Valentina “es la primera en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la CoIDH”, lo que representa un avance importante para la justicia.

Enfatizó que el fallo “es un ejemplo más de que el Poder Judicial puede contribuir a cambiar las realidades de este país” y agregó que se debe ver la tortura sexual como parte de un fenómeno amplio para que se implementen medidas preventivas.

“Fuerzas Armada ejercen una hegemonía violenta”. La directora ejecutiva de la sección mexicana de Amnistía Internacional, Tania Reneaum, indicó que ante la tasa de impunidad de 98% que hay en el país, tener una sentencia condenatoria “parece un milagro”. Manifestó que el fallo es valioso porque le da peso al testimonio de la víctima y reconoce un contexto de abusos contra la sociedad civil, en especial con mujeres, “porque el Ejército ejerce una hegemonía masculina y violenta”.

Vidulfo Rosales, abogado del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que la sentencia sienta un precedente para otros casos, porque “incorpora elementos fundamentales, como considerar la violación sexual como tortura, además de otorgarle un fuerte valor probatorio a la declaración de Valentina”. Destacó que también muestra la inviabilidad de la Ley de Seguridad Interior.

Señaló que uno de los militares inculpados apeló la sentencia, por lo que es importante que ahora se vuelvan a poner sobre la mesa el conjunto de las pruebas sobre tortura.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, resaltó que las víctimas han acudido ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por la falta de justicia, y que incluso después de que se han emitido sentencias “la impunidad mexicana es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso”.

Al concluir el evento, Abel Barrera, director del Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que ante esta histórica sentencia, “con Valentina resurge la esperanza de la justicia para las mujeres”.

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