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La Secretaría de Gobernación (Segob) alista una iniciativa de ley dirigida al desplazamiento interno forzado, con lo cual se busca atender esta situación.
El problema del Estado mexicano, señaló Rocío González Higuera, titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, es que se ha hecho caso omiso del tema y hoy lo que urge es avanzar en un marco normativo.
Autoridades de política migratoria en el país y la titular del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), Alexandra Bilak, realizaron un recorrido por algunas localidades en Chiapas, donde se han establecido campamentos de mexicanos que han sido desplazados de sus comunidades por razones forzadas.
“El problema es que el Estado mexicano ha sido omiso y es imperdonable seguir ignorándolo. Es urgente avanzar en la construcción de un marco normativo”, expuso González Higuera.
La funcionaria federal puso sobre la mesa que después de 10 años el gobierno mexicano atiende una recomendación de la ONU para que se atienda a los connacionales que han tenido que salir de sus comunidades por la violencia, principalmente, que hay en nueve estados.
Otras razones por las que las personas son desplazadas son conflictos comunitarios, desastres naturales e inseguridad, entre otros.
Subrayó que sólo Chiapas y Guerrero cuentan con una ley en materia de desplazamiento forzado.
“Es urgente avanzar en una ley [federal] que proteja a quienes viven en esta condición”, aseveró.
