“El Estado apuesta a que fallezcamos”

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“Asistí la tarde del 26 de julio de 1968 a la marcha que recorrió el centro de la capital mexicana, tres días después de iniciado el movimiento estudiantil. En la madrugada, un compañero del Partido Comunista Mexicano (PCM) me despertó porque la policía se había metido a nuestro local. Al hablar con un oficial, éste sacó una pistola, nos encañonó y después nos mandaron a Lecumberri. Por ser comunista, el gobierno mexicano me metió a la cárcel mil días y hoy exijo justicia”.

Es la voz de Francisco Eduardo de la Vega de Ávila, que a 50 años del inicio de ese movimiento, asegura a EL UNIVERSAL que seguirá en la lucha. Él es una de las dos personas que el Estado, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), declaró el 8 de enero de 2018 como víctima de la represión del movimiento estudiantil de 1968.

La justicia, dice, “será la mejor conmemoración de este movimiento”. En la sala de su casa, junto con su gata y sus perros, señala que la madrugada del 27 de julio, un compañero del partido comunista llegó a su casa y le informó que la policía había allanado su local e imprenta, “por lo que el PCM había decidido que una comisión fuera a exigir que los devolvieran porque no tenían ni orden de cateo ni había ocurrido algún delito, y era una violación a la ley”.

“Nos presentamos en Mérida 186, donde estaba la oficina, y donde con mucha amabilidad un policía nos atendió y poco después nos encañonó y nos dijo que estábamos presos”.

Junto con sus camaradas fueron enviados a la jefatura de policía en la plaza de Tlaxcoaque, “de donde nos mandaron a Lecumberri y ahí recibí la notificación que estábamos acusados de los delitos de secuestro, robo, lesiones, homicidio, daños en propiedad ajena, insultos y resistencia de particulares”.

Sereno, afirma que en los años 60 ser comunista “era casi una sentencia de persecución” y, en algunos casos, hasta eliminación física. Afirma que cuando él y sus compañeros llegaron a Lecumberri estuvieron en diversas celdas, pero cuando llegaron a la crujía N, donde había varios compañeros del partido, “nos recibieron con cánticos revolucionarios y con una pequeña cena que nos prepararon”.

Comenta que entre los miembros del PCM recluidos había una “ley” en la que no se permitía que ningún policía los tocara, “los guardias le temían a eso, y muchos nos tenían admiración y respeto, pero extendimos esa determinación también a que no se maltratara a ningún preso común frente a nosotros. Obtuvimos mucha simpatía de estos presos”.

Entre anécdotas ocurridas en el llamado Palacio Negro, señala que a más de dos años de estar en Lecumberri, agentes de la Secretaría de Gobernación (Segob) se presentaron y les comentaron que si querían salir de ahí podrían hacerlo, pero tendrían que abandonar el país y buscar una nación que los quisiera acoger. Se le comentó esta oferta al presidium del Comité Central del PCM, el cual decidió que no, que los comunistas no salían porque la tradición era que los comunistas eran los primeros en caer y los últimos en salir: “A varios no nos pareció esa respuesta”, menciona.

Sin embargo, seis meses después volvieron a insistir si querían salir, “estarían libres al día siguiente”. Cuatro presos decidieron tomar esa propuesta, por lo que sus familiares tuvieron que recorrer varias embajadas en busca de asilo, hasta que la embajada de Perú aceptó que los cuatro fuéramos a su país.

“La salida fue desgarradora, nos llevaron al aeropuerto esposados, nos subieron a un avión y llegamos a Perú. Aquí en México hubo presión por parte de compañeros que estaban sacando a los presos políticos y Mario Moya Palencia (titular de Segob en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez) afirmó que nos habíamos ido por nuestro gusto y que podíamos regresar cuando quisiéramos. Le tomamos la palabra, por lo que al día siguiente aquí estábamos y ya la policía no nos aprehendió”, recuerda.

Cuando se le pregunta la forma en que acudieron a la CEAV para exigir justicia, asegura que él junto con su compañero de causa, la encontraron tras visitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Cámara de Diputados.

“En 2013 supimos que se había aprobado la Ley General de Víctimas y recurrimos a su amparo. Solicitamos el apoyo del ex senador Pablo Gómez para que nos ayudara con los gastos por asesoría jurídica, y aceptó, pero al día siguiente nos dijo ‘no voy a hacer nada, lo que ustedes buscan es dinero’, quien sí nos ayudó fue el senador Alejandro Encinas”.

Serio, afirma que el derecho a la reparación es una prerrogativa establecida por la ley, por lo que “esas mismas personas que, en su momento, decían que pedir reparaciones era vender al movimiento, aplauden que en países como Guatemala, en donde se han hecho procesos de restablecimiento de la legalidad, se asignen reparaciones hasta en efectivo”.

“No solicito una indemnización, sino que se aplique la ley. Tardamos tres años y cuatro meses en que la CEAV nos reconociera como víctimas, pero cuando ha habido un caso de reparación de víctimas, por casos del narcotráfico, de inmediato la CEAV ha respondido, pero es porque estos casos tienen prensa”.

Afirma que a pesar de que la CEAV los reconoció como víctimas “no nos han respondido exactamente de qué somos víctimas. Sólo nos dicen que el proceso sigue, pero la propia ley indica que tenemos derecho a que se nos informe esto porque, dependiendo de lo que somos víctimas, será posible que sean válidos nuestros derechos a la verdad jurídica e histórica, a la aplicación de justicia a los responsables, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición de lo ocurrido”.

¿Están recibiendo algún beneficio?, se le pregunta. “¡Ninguno! Nunca hemos recibido dinero para pasajes o atención sicológica. La ley dice que nosotros tenemos derecho a muchas cosas, como conocer el expediente que tiene la PGR sobre nuestro caso, el cual nos lo niegan diciendo que ‘está en trámite’ o a participar en las reuniones del Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV, pero en diversas ocasiones hemos solicitado a los órganos correspondientes, inclusive personalmente a Jaime Rochín del Rincón, titular de la CEAV, pero no nos responden”.

“El Estado mexicano le apuesta a que nosotros fallezcamos, pero estamos decididos a continuar en esta denuncia hasta lograr que impere la ley”, asevera. Ante el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, se le cuestiona si espera que cambie la situación de su caso: “No sé, pero seguiremos intentando en lograr que la legalidad, el Estado de derecho y que el respeto a la ley resulten en la mejor conmemoración del movimiento de 1968”.