Acaba tiempo para mexicano sentenciado a muerte

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Lo único que puede salvar de la inyección letal el día de hoy al mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, es que el gobernador de Texas, Greg Abbott, decida que la ejecución se retrase 30 días.

Ademas, el gobierno de México espera que la Corte Federal de Distrito con sede en Austin, Texas, revise dos fallos que la Corte de Apelaciones Estatales rechazó.

Las autoridades mexicanas pidieron que se haga una revisión del proceso que se ha seguido para Cárdenas Ramírez y que se hagan nuevas pruebas de ADN, con la tecnología actual, para asegurar o descartar la incriminación en el caso.

La Corte de Apelaciones Estatales rechazó los dos recursos, por lo que el gobierno mexicano tuvo que recurrir al ámbito federal.

Rubén Cárdenas Ramírez se encuentra en el pasillo de la muerte en la prision de Huntsville, Texas, en donde se espera que a las 18:00 horas local se le aplique la inyección letal para cumplir con la pena de muerte.

El mexicano de 47 años de edad, originario de Irapuato, Guanajuato, fue sentenciado a la pena capital por la violación y asesinato de su prima hermana, Mayra Azucena Laguna, de 16 años. Hecho que ocurrió el 22 de febrero de 1997 en la comunidad de Edinburg, Texas.

Cárdenas Ramírez lleva 20 años en prisión y en agosto pasado se definió fecha de ejecución para este 8 de noviembre a las 18:00 horas.

El director General de Protección Consular, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jacob Prado, señaló que todavía hay recursos para evitar la pena capital.

Si la Corte Federal rechaza los recursos interpuestos por el gobierno mexicano, el siguiente paso inminente es recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

“La actuación del gobierno mexicano es asegurarse que se lleve a cabo el debido proceso”, indicó Prado.

La defensa de Cárdenas Ramírez alegó un proceso judicial inadecuado, toda vez que desde el momento de su detención, no se le informó sobre su derecho consular de comunicarse con autoridades mexicanas en Texas, como está establecido.

Al momento de su detención, señaló el funcionario mexicano, no se notificó de ello a las autoridades consulares, lo que viola evidentemente la Convención de Viena.

De acuerdo con la declaración de Jacob Prado, el gobierno mexicano se enteró de la detención de RubénCárdenas unos cinco meses después de que ocurrió el hecho.

En 2002, el guanajuatense fue incorporado al Programa de Asistencia Jurídica para Casos de Pena Capital por lo que se le ha acompañado en todo el proceso desde entonces.

Ayer, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas negó por unanimidad otorgar clemencia a Cárdenas Ramírez.

Raymond M. Estrada, director de Información Pública del organismo, informó a Notimex que desafortunadamente la Junta votó 6-0 en contra de recomendar al gobernador de Texas, Greg Abbott, posponer la ejecución y también 6-0 por no conmutar la sentencia del mexicano.

Ayer mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno de Estados Unidos a suspender la ejecución del mexicano, la cual está prevista para hoy en Texas.

“Estados Unidos está sujeto a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de Estados Americanos (…). En consecuencia, la CIDH insta a Estados Unidos, y en particular al estado de Texas, a respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, indicó la organización en un comunicado.

Agregó de manera enfática que aplicar la pena de muerte a Cárdenas Ramírez es “un daño irreparable a la persona”, pero más grave todavía, el incumplimiento de las recomendaciones de la CIDH, con una acción “contraria a la obligación fundamental de derechos humanos” de todo miembro de la OEA.

También pidió a Estados Unidos que, de forma urgente, revise su legislación para asegurar que todos los extranjeros detenidos son plenamente informados de sus derechos, como el de asistencia consular.

Al enterarse de que sería ejecutado esta tarde Cárdenas Ramírez pidió como deseo ver a su madre Sanjuana Cárdenas todos los días.

Su mamá, de 66 años de edad, lo ha acompañado en el proceso legal desde 1997 cuando fue condenado a la pena de muerte. El Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense informó que por ley se le concedió la petición y ha costeado sus pasajes.

Se tiene hasta las 18:00 horas de hoy para que el gobernador Abbott decida si aplaza la ejecución.

Al momento son 10 los mexicanos que han sido ejecutados desde 1976 en Texas, año en el que se activó nuevamente la pena de muerte en Estados Unidos.