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El crimen organizado desplazó al menos a 380 mil personas en un decenio, aseguró la directora del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), Alexandra Bilak.

En una reunión encabezada por la titular de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Rocío González Higuera, la especialista y representantes del gobierno federal tuvieron un acercamiento con miras a atacar la problemática de la gente que deja sus lugares de origen para ponerse a salvo sin salir de México.

Bilak señaló que el desplazamiento por la violencia del crimen organizado, en el caso de México es una estimación y se considera que estas cifras estén “muy por debajo del número real”.

Precisó que la estimación corresponde al decenio de 2009 a 2018. El monitoreo del desplazamiento forzado interno, por diversas causas está incompleto, señaló.

Constituye un avance el hecho de que el gobierno mexicano reconozca la existencia del problema, expuso Bilak ante representantes de dependencias federales, con quienes se reunió para analizar la problemática de los desplazados forzados en México.

Este miércoles, Bilak realizará una visita a Chiapas para conocer la problemática de los grupos desplazados, junto con un grupo de funcionarios, encabezados por Rocío González Higuera.

A su vez, el coodinador de la Comar, Andrés Ramírez Silva, informó que se prepara una iniciativa de ley que garantice los derechos humanos de la población que sufre desplazamiento forzado.

Se deberá, dijo, contar con un fondo presupuestal para el cumplimiento de estas funciones que al momento no se llevan a cabo.

Respecto a los flujos migratorios, Ramírez Silva señaló que se estima que unos 80 mil centroamericanos solicitarán asilo a México. Expuso que cada mes es récord en la presentación de solicitudes de asilo, que al sábado pasado sumaba 23 mil registros.

En ese sentido, dijo que el crítico problema del desplazamiento forzado en México requiere de la creación de una unidad en la Segob que se ocupe del tema.

Es la primera ocasión que se reconoce por parte del Estado la condición de desplazado interno, afirmó por su parte la titular de la Unidad de Política Migratoria, González Higuera.

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