Secan los fondos para capacitar a maestros; en 10 años pasa de mil 644 a 105.21 pesos anuales

En 10 años, los montos para capacitar a cada maestro de educación básica pasaron de mil 644 pesos anuales en 2016 a 105.21 pesos en 2026, equivalentes a apenas 29 centavos diarios. La diferencia entre ambas cifras es de 93.6%, según una revisión de análisis publicados sobre el presupuesto educativo.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron los menores montos anuales por docente del periodo revisado: 71 pesos en 2021, 81 en 2022, 85 en 2023 y 96 en 2024. La cifra más baja corresponde a la estimación realizada sobre el proyecto de presupuesto de 2021.

La revisión realizada por EL UNIVERSAL reporta 336 pesos por maestro en 2019 y 141 pesos en 2020. En 2016, el monto alcanzaba los mil 644 pesos y aproximadamente mil pesos en 2017, en tanto que en 2018 fue de mil 269.45 pesos anuales por maestro.

El monto por docente calculado a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para 2026 equivale a menos de nueve pesos mensuales. La propuesta inicial contemplaba 91.50 pesos anuales; durante la discusión presupuestal, los diputados añadieron 14.5 millones de pesos al Programa de Desarrollo Profesional Docente, equivalentes a 13.71 pesos adicionales por maestro para todo el año.

Estos recursos están destinados a la formación continua de docentes que enfrentan la aplicación de los programas de la Nueva Escuela Mexicana y la incorporación de tecnologías digitales a las aulas.

Fernando Ruiz, especialista en temas educativos, señala que modificar los resultados de PISA requiere conocer cuánto se destina a formación docente, cuántos maestros acceden a ella, su calidad y pertinencia, si responde a sus necesidades y si se traduce en mejores prácticas de enseñanza.

“El Estado mexicano tiene aquí una responsabilidad que no puede trasladar exclusivamente a los docentes. Darles autonomía profesional implica también proporcionarles formación, materiales, acompañamiento pedagógico y condiciones escolares adecuadas para ejercerla”, sostiene.

Advierte que la formación continua debe ir más allá de la impartición de cursos y convertirse en una política de desarrollo profesional vinculada con las necesidades de los maestros y los problemas de aprendizaje de sus estudiantes.

“Lo que necesitamos es una política de desarrollo profesional que parta de las necesidades de los docentes y de los problemas de aprendizaje de sus estudiantes, que incluya acompañamiento pedagógico y trabajo entre pares y que tenga continuidad”, expresa.

Plantea que existe una contradicción cuando se pide a los maestros implementar un nuevo currículo, ejercer mayor autonomía y recuperar aprendizajes, mientras disminuyen o permanecen marginales los recursos para apoyarlos. Por ello, considera que el currículo, la formación docente, los materiales, la organización escolar y la evaluación deben reforzarse.

“PISA puede mostrarnos la magnitud del problema, pero necesitamos evaluación nacional y diagnósticos más cercanos a las escuelas para saber dónde están las dificultades y orientar hacia ellas la formación docente”, dice.

Explica que la prueba internacional no está diseñada para identificar las dificultades específicas de los estudiantes de una entidad, escuela o maestro, por lo que propone integrar formación y evaluación en una misma estrategia de mejora.

Destaca que el desarrollo profesional difícilmente produce resultados mediante intervenciones ais- ladas o sujetas a los cambios de administración, pues requiere objetivos, recursos, seguimiento y evaluación sostenidos.

“En ese sentido, el contraste presupuestario que observamos —1,644 pesos por docente en 2016 frente a 105.21 en 2026— es una señal que merece explicación, aunque esas cifras por sí solas no nos dicen qué calidad tenía la formación entonces ni cuál tiene ahora”, puntualiza.

Añade que después de PISA 2025 la respuesta debe centrarse en fortalecer las capacidades del magisterio.

“La señal de confianza no debería ser buscar responsables entre los maestros, sino mostrar que existe una estrategia para fortalecer sus capacidades y recuperar los aprendizajes, con prioridades claras, recursos suficientes y mecanismos que permitan evaluar si esos apoyos están funcionando”, afirma.

Para Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el descenso de los recursos por docente refleja el abandono de la formación continua como política pública.

“Una reducción de 93.6% no puede explicarse sólo por austeridad; refleja una jerarquía de prioridades donde la actualización docente ocupa el último lugar”, enfatiza.

A su juicio, destinar menos de nueve pesos mensuales por maestro convierte al programa en un gesto simbólico, incapaz de sostener procesos formativos frente a las necesidades de las aulas.

Advierte que sin presupuesto suficiente la Nueva Escuela Mexicana corre el riesgo de aplicarse sin el acompañamiento formativo que exige su diseño curricular y de dejar a los docentes como responsables de traducir el modelo a la práctica, sin las herramientas ni el tiempo institucional necesarios.

Resalta que incorporar tecnologías digitales requiere inversión sostenida en infraestructura, conectividad y formación pedagógica, especialmente en escuelas rurales e indígenas.

Expone además que la disminución de recursos para formación docente coincide con el estancamiento y retroceso en pruebas internacionales, aunque precisa que “no se trata de una relación causal simple”.

Desde una perspectiva de derechos educativos, sostiene que el Estado debe justificar los retrocesos presupuestales y demostrar que agotó alternativas. A su juicio, la ausencia de esa justificación constituye una vulneración del derecho a la educación.

“Cuando el monto per cápita cae a menos de nueve pesos al mes el programa deja de ser una política de desarrollo profesional y se convierte en un gesto simbólico, incapaz de sostener procesos formativos reales frente a la complejidad de las aulas actuales”, enfatiza.

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