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Durante el Movimiento Estudiantil de 1968 “las violaciones a los derechos humanos fueron inobjetables. El Estado usó la represión. Fue un crimen de Estado porque éste empleó francotiradores que dispararon para crear caos, terror y una narrativa oficial para criminalizar la protesta, y continuó más allá de las detenciones arbitrarias y la tortura”, dijo el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de la Segob, Jaime Rochín.
Al participar en el coloquio internacional Ciudadanías en Movimiento M68, realizado en el Centro Cultural Tlatelolco, el titular de la dependencia informó que el Estado emitió la resolución por la que se determinan medidas de satisfacción de carácter colectivo, como parte del derecho a la reparación colectiva a favor de las víctimas del 2 de octubre de 1968.
“La CEAV asume esta responsabilidad, reconoce a las víctimas del movimiento estudiantil y trabajará por su dignidad”.
El funcionario expresó que las reparaciones colectivas cobran sentido porque el Estado asume su responsabilidad sobre el pasado, y se compromete a la no repetición en el futuro. “Una reparación trasciende a los grupos afectados para que el Estado aprenda de sus errores”.
La resolución de la CEAV consta de cuatro puntos: reconoce que las acciones del gobierno tuvieron impacto en el ámbito individual y colectivo que generaron polarización en torno al movimiento y estigmatizaron a los estudiantes por su ideología.
El segundo punto corresponde a la implementación de acciones denominadas Colección M68, ciudadanía en movimiento, que consistirá en la recopilación de diferentes acervos públicos y privados que serán digitalizados con la intención de reconstruir los hechos.
En tercer lugar se aborda la reparación simbólica que servirá de soporte a la memoria, a través de la creación del Monumento a la ausencia, éste se construirá en el patio del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y consistirá en la impresión de 400 pares de huellas en el piso.
Para el segundo y tercer punto la inversión será de 6 millones de pesos, 3 millones para cada proyecto.
En el cuarto rubro la comisión reconoce que en estos hechos ocurrieron violaciones a los derechos humanos, sin quitarle la oportunidad a las víctimas de exigir una reparación del daño.
El titular de la CEAV comentó que algunas víctimas han solicitado como medidas reparatorias una disculpa pública del Estado mexicano.
Dijo que es momento de que el Estado vea al pasado con honestidad para así poder tener una mirada limpia hacia el futuro. “Es momento de recordar para no repetir, no hay otra manera”.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, celebró la resolución de la dependencia porque reivindica a los estudiantes de 1968.
“Me parece clave hablar de esta resolución (...) porque la emite una institución del Estado que acepta que (...) 1968 antes y después del 2 de octubre no se trata de un grupo de militares que se volvieron locos y decidieron violar derechos humanos, sino que respondían a una política institucional y por tanto es un crimen de Estado”.