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La representación del PRI ante el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió replantear rebajas a las multas electorales para no provocar el colapso financiero de los partidos políticos.

Marcela Guerra, nueva representante del tricolor ante el INE, se estrenó en el Consejo General con un llamado a los consejeros a replantear todo el sistema sancionador y tomar en cuenta la nueva realidad del país: una nueva mayoría que impulsa la inminente reducción de financiamientos partidistas.

El PRI asume la austeridad, “pero lo que no podemos asumir, respetuosamente, es que la autoridad electoral siga utilizando los mismos criterios para sancionar, sin tomar en cuenta la nueva realidad (…) hoy está en juego la viabilidad del sistema de partidos”.

El INE impuso ayer un paquete de nuevas multas a los partidos por afiliación indebida, que en total sumaron 1.9 millones de pesos. Al PRI correspondieron 300 mil pesos de sanciones, a razón de 42 mil pesos por afiliación indebida.

En ese marco, a propuesta del consejero Ciro Murayama, los consejeros Lorenzo Córdova, Marco Baños y Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos, acordaron sentarse con los partidos a analizar cómo depurar los padrones partidistas, en una suerte de periodo de gracia ante las quejas por afiliaciones forzosas.

Baños pidió considerar la posibilidad de “detener provisionalmente” la resolución de las quejas sobre ese tipo de irregularidad, hasta que se resuelva un mecanismo para abordarlas de otro modo.

Se estima que son alrededor de 2 mil las quejas pendientes de resolver por afiliación indebida, en tanto que en total se han presentado ante el INE más de 15 mil.

Renuncia fiscalizador de partidos. El hasta ahora titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Lizandro Núñez Picazo, renunció a su cargo en el organismo electoral para incorporarse a instancias relacionadas con las finanzas a nivel global.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, aceptó la dimisión y agradeció a Núñez haber permitido al instituto cumplirle a la sociedad mexicana durante la fiscalización del proceso electoral 2018.

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