Reforma para evitar explotación laboral de jornaleros está en riesgo, acusan senadores del PRI; señalan falta de presupuesto
La senadora Mely Romero señaló que la informalidad laboral en el sector agrícola alcanza el 83%
Senadores del PRI advirtieron que la reforma presidencial aprobada la víspera en el Senado que busca certificar los productos agrícolas de exportación para evitar la explotación laboral de jornaleros y la deforestación, está en riesgo ante la presencia del crimen organizado en esas zonas y la falta de interés del gobierno de proteger a los trabajadores.
La reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum forma parte de las exigencias del T-MEC que busca frenar la explotación laboral y los bajos salarios de jornaleros agrícolas, así como evitar que continúe la deforestación en el cultivo de productos de agroexportación como el aguacate como está ocurriendo en Michoacán y Jalisco.
Asimismo, plantea la emisión de certificados o “sellos” para productos agrícolas de exportación como el aguacate, frutos rojos y otros.
La senadora Mely Romero Celis, del PRI, advirtió que sin presupuesto suficiente la reforma no garantizará beneficios reales para trabajadores ni productores del campo.
Señaló que la informalidad laboral en el sector agrícola alcanza el 83%, lo que refleja una deuda histórica con quienes sostienen la producción de alimentos en el país, ante la carencia de acceso a servicios de salud y pensiones dignas.
Alertó que el campo mexicano enfrenta una crisis sin precedentes, ante el registro, por primera vez en 15 años, de una caída en las exportaciones agrícolas, con una disminución de 8.7% durante los primeros nueve meses de 2025, situación que impacta de forma directa en ingresos y empleo de miles de familias.
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La legisladora advirtió que la imposición de nuevas certificaciones y controles sin acompañamiento técnico ni financiero puede profundizar la crisis, debido al aumento de costos en un contexto de alza en insumos y falta de apoyos gubernamentales.
Finalmente, sostuvo que el PRI vota a favor del campo, pero exige recursos, políticas públicas efectivas y responsabilidad del gobierno, con el señalamiento de que sin presupuesto la reforma se queda en una medida insuficiente para garantizar justicia laboral y sostenibilidad productiva.
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