El debate sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles volvió al centro de la agenda legislativa.
El senador del Partido Revolucionario Institucional, Pablo Angulo, presentó una iniciativa para ampliar de seis meses a dos años el plazo para que las y los usuarios registren sus líneas celulares, ante el riesgo de que millones de personas queden incomunicadas por no cumplir con un periodo que calificó como poco realista.
Una ampliación pensada en la inclusión y la gradualidad
La iniciativa del PRI plantea reconocer que el registro de líneas móviles no es un proceso homogéneo para toda la población. La propuesta habla sobre reformar el artículo Trigésimo Transitorio de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
De acuerdo con el legislador, la normativa vigente no toma en cuenta las distintas condiciones sociales, tecnológicas y geográficas del país, lo que podría derivar en una afectación directa al derecho humano a la comunicación.
De igual forma, el legislador propone ampliar el plazo a dos años para permitir una implementación gradual y ordenada. Esto, según explicó, evitaría suspensiones masivas de líneas activas y daría margen al Estado para fortalecer sus sistemas tecnológicos y administrativos.
Angulo subrayó que el combate al delito y al fraude telefónico no debe realizarse a costa de la conectividad de la población. Señaló que comunidades rurales, personas adultas mayores, personas con discapacidad y trabajadores con horarios limitados enfrentan mayores obstáculos para realizar el trámite en el tiempo establecido.
Seguridad pública sin afectar derechos fundamentales
En un tercer momento, la propuesta aclara que la ampliación del plazo no elimina el registro ni debilita la seguridad pública. Por el contrario, busca fortalecerla al permitir una implementación más eficaz y con mayor cobertura. Según el senador, una política mal ejecutada puede generar efectos contrarios, como el uso de líneas no registradas o la exclusión de usuarios legítimos.
Finalmente, Angulo sostuvo que la iniciativa refleja una forma responsable de legislar, centrada en las personas y en el interés público. Afirmó que es posible combatir el delito sin castigar a quienes utilizan el teléfono celular como una herramienta esencial para trabajar, estudiar o mantenerse en contacto con sus familias.
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