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La organización en la que se acusa al abogado Juan Collado de beneficiarse mediante lavado de dinero fue señalada de financiar campañas políticas en Querétaro.

En su declaración del 20 de junio pasado, Sergio Hugo Bustamante Figueroa afirmó que la empresa Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., financió campañas políticas en 2006, bajo las órdenes de José Antonio Rico Rico, identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como autor intelectual de la red de lavado, que en aquel entonces era presidente del Consejo de Administración de dicha empresa.

Los políticos supuestamente apoyados con el lavado de dinero de Libertad Servicios Financieros fueron José Hugo Cabrera Ruiz, candidato a senador del estado de Querétaro por el PRI, quien recibió 2 millones de pesos.

Alejandro Arteaga Cabrera, candidato a alcalde de Colón, quien también recibió 2 millones de pesos y el año pasado fue investigado por vínculos con el robo de combustible; José Eduardo Calzada Rovirosa, candidato a gobernador de Querétaro por el PRI, a quien se le entregaban 50 mil pesos mensuales.

Explicó que el dinero provenía de créditos operados por la empresa a nombre de amigos personales de Rico Rico, como José Luis Alvarado Tapia, con 70 millones de pesos, y José de Jesús Martínez Tejada, con 60 millones de pesos, entre otros.

Pero que el dinero se entregaba en efectivo a los candidatos que pretendían apoyar, para ello, Rico Rico instruía al denunciante, a Jesús Beltrán González, José Fernández Gamez y Juan Pablo Rangel Contreras que crearan empresas “fantasma” como Administradora Cimatario y Creación en Publicidad.

“Se buscaban dos o tres personas de cualquier lugar que guardaban relación con nosotros o con nuestros conocidos, se llevaban con el notario y se creaba la empresa, luego se agregaba la solicitud, sin requisitos y sin soportes y se pasaba al director general para su autorización con la orden de Rico Rico”, subrayó.

“A través de esas empresas y sin reunir ningún requisito se entregan créditos por montos bastante considerables, ese recurso se los hacía llegar a esas personas [candidatos] a través también de empresas de ellos a fin de beneficiarlos. Los préstamos en su mayor parte no eran liquidados”, precisó el denunciante.

En su denuncia, Bustamante Figueroa señaló que entre octubre y noviembre de 2014 tuvo conocimiento de que el abogado Juan Collado, a quien identificó como uno de los beneficiarios del lavado de dinero, era prestanombres del expresidente Enrique Peña Nieto.

“En los meses de octubre o noviembre de 2014, estando yo presente llegó una camioneta de valores al edificio corporativo de Libertad, con varias cajas de efectivo, me comentó Rico que era dinero de Peña Nieto, el mismo fue recibido por personal de Libertad, es decir, Romeo Ovando y otros. La verdad, no supe el destino pero en esa ocasión fue en la que Rico Rico me comentó que Juan Collado era en realidad prestanombres de Peña Nieto”, relató.

El zar de los casinos. Bustamante Figueroa señaló que en la red supuestamente participaba el llamado zar de los casinos, Javier Rodríguez Borgio, como socio de Rico Rico con quien detenta la propiedad de la Plaza Bulevares en la ciudad de Querétaro, supuestamente adquirida con dinero producto del blanqueo realizado a través de empresas fantasma.

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