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La Cámara de Diputados tiene listo el dictamen de la reforma laboral, con la que se prevé eliminar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, transformar el sistema de justicia laboral, democratizar los sindicatos, los contratos colectivos y la elección de sus líderes, así como cumplir con los compromisos asumidos en la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, esto después de la advertencia del país vecino del norte.

“México deberá establecer en sus leyes laborales el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación o protección colectivas, y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección, y prohibir, en sus leyes laborales, el dominio o interferencia del empleador en actividades sindicales, discriminación o coerción contra los trabajadores por virtud de actividad o apoyo sindical, y la negativa a negociar colectivamente con el sindicato debidamente reconocido”, describe el anexo 23-A del dictamen para cumplir con el T-MEC.

Con esto, la Junta Directiva de la Comisión del Trabajo y Previsión Social “apuró” su aprobación. Sus integrantes conocieron el dictamen y prevén aprobarlo el próximo miércoles, y, muy probablemente, el jueves en el pleno, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado (Morena). Esto, después de que el pasado martes la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió que el Congreso estadounidense no votará sobre el último acuerdo comercial con México y Canadá, conocido como T-MEC, hasta que nuestro país apruebe una reforma laboral.

Ante esto, diputados de oposición acusaron “presiones” de EU para avalar este dictamen; sin embargo, Mario Delgado las rechazó, y Manuel de Jesús Baldenebro, presidente de esta comisión, dijo tajante que en el T-MEC no entrará en vigor hasta que nuestro país no avale su reforma laboral.

En este dictamen se reforman distintas leyes y se especifica que, en sustitución de las Juntas de Conciliación, se crearán tribunales en el seno del Poder Judicial de la Federación y se le dará vida al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), que administrará y estará a cargo de la conciliación para la solución de controversias entre trabajadores y patrones, entre trabajadores y sindicatos o entre sindicatos, así como registrar a nivel nacional los contratos colectivos, convenios de administración de contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo y registro de organizaciones sindicales.

Se modifican también los requisitos que deberán cumplir los estatutos de los sindicatos a efecto de salvaguardar la democracia de la elección de sus directivas, que deberán llevarse a cabo, por primera vez, a partir de una obligación legal, mediante un voto directo, personal, libre y secreto, y ningún extranjero puede encabezar una central obrera.

Se establecen también requisitos esenciales, como la definición de la convocatoria y su publicidad, y que haya un padrón confiable para garantizar la protección de la libertad de negociación colectiva.

Se incorpora el tema de derechos humanos y perspectiva de género; se reafirman los principios de igualdad y no discriminación; se garantiza un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, con igualdad de trato y oportunidades. Asimismo, y por primera vez, también se van a incluir protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso sexual.

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