Plantean defensoría del pueblo que sustituya a CNDH

La bancada del PT en el Senado propuso sustituir a la CNDH por una defensoría del pueblo como organismo nacional de protección de los derechos humanos y como una instancia más eficiente, cercana a la ciudadanía y comprometida con los derechos e intereses del pueblo.

Para ello, la bancada del PT, que coordina Alejandro González, propone modificar el apartado B del artículo 102 de la Constitución para crear esa defensoría, cuyas recomendaciones tendrán carácter vinculatorio.

La defensoría del pueblo contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.

Además, no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales, como también está impedida la CNDH. La defensoría del pueblo elimina las comisiones estatales de derechos humanos.

En su exposición de motivos, el PT señala que la CNDH constituye un referente en cuanto a los organismos de protección de carácter constitucionalmente autónomo.

“Su desarrollo y fortalecimiento a lo largo de los últimos 27 años han sido factores determinantes para promover y garantizar la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. No obstante, resulta necesario subrayar las tres principales debilidades de nuestro sistema de protección no jurisdiccional y plantear algunas alternativas para contribuir a su evolución y consolidación”.

En primer lugar, señalan, su origen gubernamental y su dependencia histórica al Poder Ejecutivo; segundo, el carácter no vinculatorio de sus recomendaciones y su debilidad para hacer cumplir sus mandatos, y, tercero, la inexistencia de una autonomía constitucional de los organismos de protección en las entidades, la cual genera que sea la comisión la instancia que termine resolviendo asuntos de carácter local.

En la iniciativa se explica que por medio de jurisdicción nacional, a través de representaciones en las entidades federativas, se permitirá a la defensoría del pueblo hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos en todo el país.

Así se evitará lo que “lamentablemente sucede hoy en muchos estados, en los que los organismos de protección de derechos humanos no son autónomos, no son eficientes y, en algunos casos, se encuentran abiertamente sujetos a la voluntad e intereses del poder político”.