Pide PRD investigar si Murillo Karam tiene responsabilidad en caso Ayotzinapa

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, acusó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es corresponsable por la liberación de los inculpados de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al no reforzar las pruebas.

En un comunicado, la legisladora aseguró que deben realizarse las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del personal de la entonces PGR, incluido el exprocurador Jesús Murillo Karam .

Describió que los familiares de los normalistas alertaron sobre la posibilidad de que las pruebas fueran desestimadas y de la posible liberación de los presuntos responsables, pero la FGR hizo caso omiso, acusó la perredista.

Verónica Juárez Piña sostiene que debe hacerse especial énfasis en el derecho a la verdad de las víctimas, no sólo para procesar penalmente a quienes participaron en la desaparición, sino para saber dónde se encuentran.

La perredista sostuvo que el gobierno de López Obrador debe asumir su corresponsabilidad en la liberación de Gildardo López Astudillo, El Gil -vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa-; al no atender las alertas de que se requerían aportar nuevos elementos para subsanar las deficiencias de la investigación.

El juez primero de distrito de procesos penales federales en Tamaulipas desechó las pruebas que había presentado la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en contra de El Gil, al concluir que se obtuvieron de manera ilegal.

Esta decisión judicial sienta un precedente que podría dejar en libertad a otros 50 inculpados –además de los 44 que ya están en libertad, incluido El Gil- por las mismas razones-, como lo reconoció el propio Subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.

Juárez Piña recordó que desde mayo de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que los procesos relacionados con los inculpados por la desaparición de los normalistas estaban débiles y que por lo tanto tenían que fortalecerse.

“Es menester recordar que, desde el mes de marzo los familiares alertaron sobre las posibilidades de que las pruebas fueran desestimadas y la posible liberación de quienes se encuentran en calidad de presuntos responsables; pero la Fiscalía General de la República (FGR) hizo caso omiso”, lamentó.

Hasta entonces, la FGR aún podía presentar pruebas en contra de López Astudillo, pero no lo hizo, por lo que el juez determinó la sentencia absolutoria.

Determinó que debe hacerse especial énfasis en el derecho a la verdad de las víctimas, no sólo para procesar penalmente a quienes participaron en la desaparición, sino para saber finalmente, dónde se encuentran.

Las pruebas desestimadas lo han sido debido a que fueron obtenidas ilegalmente y son producto de la comisión misma de delitos por parte de la Procuraduría General de la República, tales como son la tortura y la detención ilegal.

“Es por ello que deben realizarse las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del personal de la entonces PGR que intervino en la investigación y, dados los dichos del propio Jesús Murillo Karam, relativos a que fue él mismo quien condujo las indagatorias, las investigaciones y responsabilidades deben llegar hasta él”, añadió.

Recordó que el Partido de la Revolución Democrática presentó demanda de juicio político en contra del exprocurador desde el 24 de septiembre de 2015, misma que fue desechado por los diputados de Morena el 30 de abril de este año.

Un año después, el 15 de septiembre de 2016, el propio grupo parlamentario presentó demanda de juicio político en contra de Tomás Zerón de Lucio, la cual no ha sido atendida por la Subcomisión de Examen Previo de esta Cámara.

“Debe resaltarse que, si bien la Procuraduría General de la República aportó elementos viciados de origen como pruebas, ni el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero; ni la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa; aportaron nuevos elementos para subsanar las deficiencias de la investigación anterior y evitar que los indiciados fueran puestos en libertad”, concluyó Juárez Piña.