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Autoridades del Partido Acción Nacional, presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y diversas organizaciones criminales, a fin de que se investiguen las posibles responsabilidades penales individuales derivadas de presuntos pactos “político-criminales” durante el sexenio pasado.
La denuncia señala posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, el reclutamiento forzado de jóvenes, el desplazamiento de comunidades enteras y amplias regiones del país bajo el control de los cárteles del narcotráfico.
La querella sostiene que la realidad que hoy vive México en materia de inseguridad, no es producto de la casualidad o de desarrollos delictivos aislados, “sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano que permitió o incluso provocó el establecimiento e híper empoderamiento del Crimen Organizado en México, a raíz de establecer un pacto político con ellos entre ambas partes, es decir, entre distintos Gobiernos de Morena (principalmente el federal 2018 – 2024) y el Crimen Organizado”.
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La denuncia también sostiene que entre 2018 y 2024 se implementó una política de “cesión de soberanía frente al crimen organizado”, con casos en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán, entre otros.
“El narcopacto conocido como “abrazos, no balazos” permitió a los grupos criminales expandir su poder territorial, económico y político, mientras el Estado renunciaba a ejercer plenamente su autoridad. No sólo se toleró el avance del crimen organizado; se permitió que sustituyera al Estado en amplias zonas del país”, señaló la dirigencia del PAN a cargo de Jorge Romero Herrera.
A través de un comunicado de prensa, agregaron que los casos de Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal “han profundizado la preocupación sobre la penetración del crimen organizado en el poder político. Por ello acudimos a la Corte Penal Internacional, ante instituciones nacionales cada vez menos capaces de garantizar investigaciones independientes”.
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aov/rmlgv
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