Oposición exige cárcel para Mary Hernández, edil de Carrillo Puerto, por delitos electorales

Senadoras y diputadas federales del PAN y PRD presentarán una denuncia penal contra la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández , por la presunta comisión de delitos electorales y coacción al voto.

Lo anterior luego de dar a conocer un audio donde presuntamente se escucha a la alcaldesa de Morena , hablar sobre obras y programas sociales del Gobierno Federal durante una reunión celebrada el 30 de abril pasado con comisarios y autoridades ejidales de Felipe Carrillo Puerto.

“Es una pena la acción, la desesperación y la forma descarada en la que actúan los de enfrente” demandó Laura Fernández , diputada perredista con licencia y candidata a la gubernatura de Quintana Roo .

Agregó “Lo que vemos es que los de enfrente están cocinando, tienen en su caldero ingredientes que no huelen bien y lo estamos manifestando de manera anticipada, previendo cualquier acción”.

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Por su parte, Xóchitl Gálvez , integrante de la Comisión Anticorrupción consideró "penosa" la actuación de algunas presidentas municipales.

“Es indignante cómo esta mujer lucra con la necesidad de los pueblos indígenas y la pobreza de la gente. Son utilizados para lucrar con sus votos e intimidarlos con los programas sociales . El gobierno federal está operando a todo lo que da a través de los alcaldes de Quintana Roo”, apuntó.

Será mañana miércoles cuando se presente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales ( FISEL ) en la Ciudad de México, la denuncia penal por al tratarse de delitos federales .

“Se trata de delitos electorales federales y tenemos la evidencia pública, lo que amerita prisión preventiva oficiosa , o sea que no hay mediación de por medio.

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La presidenta municipal tendría que ir a la cárcel porque así lo establece la Ley y esta fue una iniciativa que presentó el propio Presidente de la República”, concluyó Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con la ley en la materia, utilizar bienes, fondos o servicios o beneficios relacionados con programas sociales para ejercer cualquier tipo de presión sobre el electorado, podría castigarse con 4 a 9 años de prisión.

Condicionar la prestación de servicios públicos provenientes de programas gubernamentales a la realización de obras públicas en la emisión del sufragio, tiene una pena de 2 a 9 años de prisión.

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