Lourdes Morales Canales | 27-08-26 | 01:45 |

A finales de julio de este año, el Ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, ordenó la expulsión del país y el congelamiento de cuentas de Xenia Fedorova, periodista, comentarista en varios programas de TV y exdirectora de Rusia Today (RT).

La decisión se tomó tras las quejas recibidas por la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital (ARCOM por sus siglas en francés), órgano regulador del país galo a cargo de velar por el derecho de las audiencias. En sus análisis, el órgano colegiado —que cuenta con autonomía administrativa y que lucha contra la desinformación— encontró que era necesario salvaguardar el pluralismo y el rigor informativo establecido por la ley.

Por su parte, el Gobierno determinó que, en el caso Fedorova, las narrativas manipuladas con fines de propaganda e injerencia extranjera significan un riesgo para el debate democrático. La noticia avivó un viejo debate sobre el alcance de las reglas que marcan la relación entre los medios de comunicación y el Estado. Mientras algunas voces identificadas con el conglomerado mediático del millonario Vincent Bolloré —conocido como el “Murdoch francés”— denunciaron censura y violación a la libertad de expresión, el Gobierno subrayó la importancia de proteger el orden público. Desde marzo de 2022, la Unión Europea bloqueó las emisiones y contenidos en internet de las agencias rusas Sputnik y RT. Este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la prohibición se extendería a cualquier sitio web o plataforma que reproduzca desinformación y propaganda del Kremlin.

Los cuatro modelos de los medios informativos

En el mundo existen al menos cuatro modelos que reglamentan la relación medios de comunicación, plataformas digitales y gobiernos: el de la auto-regulación y libre mercado, como en Estados Unidos, Canadá o Australia; el de responsabilidad y control estatal, como Francia, Gran Bretaña y Alemania, que cuentan con autoridades reguladoras profesionalizadas; la co-regulación y defensorías, que es el modelo más promovido en la Unión Europea a partir de estándares comunes; y el de servicio público y control estatal total, como China, Cuba, Rusia o Irán.

Mientras en el modelo de auto-regulación la intervención del Estado es mínima puesto que se cuenta con códigos de ética, consejos periodísticos y defensores de audiencias independientes guiados por un estándar a favor de la libertad de expresión, en el modelo de control estatal total, la iniciativa privada tiene escasa voz y el régimen busca el control total de la información. Bajo este último, los periodistas son sancionados y los defensores de audiencias protegen al Gobierno antes que al ciudadano. Entre estos dos modelos opuestos, existen estándares democráticos que favorecen la libertad de expresión pero que promueven los derechos de las audiencias sin imponer reglas unilateralmente.

A propósito de estos temas, en días pasados concluyó en México el proceso de consulta sobre la propuesta de los “Lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias”. Con una participación de 8,889 opiniones por parte de ciudadanos, organizaciones sociales y colectivos, la mayoría de las inquietudes subrayan los efectos nocivos de una intervención excesiva de las instancias gubernamentales sobre los contenidos editoriales de medios y plataformas.

En México Evalúa consideramos que la protección de las audiencias debe partir de un principio básico: . Las observaciones y recomendaciones apuntan hacia esa dirección: medidas que, en vez de castigar o suspender emisiones, produzcan las herramientas y las políticas públicas para contar con una audiencia bien informada, plural y crítica frente a medios de comunicación y plataformas responsables y veraces. Que sirva de algo la consulta.