“Obras de gobierno respetarán ejidos”

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Los derechos de los ejidatarios estarán garantizados en la construcción de los proyectos de infraestructura de este gobierno, afirmó Luis Hernández Palacios, titular de la Procuraduría Agraria.

En entrevista para EL UNIVERSAL Hernández Palacios resaltó que la dependencia que encabeza dará certeza a los propietarios de la tierra durante la realización de obras como la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, el Transismico o el Tren Maya, acompañando los procesos de consulta,a sí como brindando asesoría a los ejidatarios y asegurar la legalidad de los procesos de venta de los núcleos agrarios.

Aseguró que trabaja de la mano con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para la aplicación de las consultas a los pueblos originarios a fin de asegurar que las obras que se construyan cuenten con su consentimiento.

“Nos corresponde garantizar la equidad y la defensa de los intereses de los núcleos, hemos dado orientación, participamos en la consulta indígena para que efectivamente los habitantes puedan expresar su interés sobre cómo se quieren incorporar. En Santa Lucía se está convenciendo a los ejidatarios para la venta de las tierras; la Procuraduría esta actuando parea garantizar la igualdad y legalidad”, afirmó.

En cuanto al Tren Maya el procurador agrario resaltó que si bien ya existe un tramo con vías férreas, los trazos nuevos como el que conectará Escárcega con la ciudad de Mérida requiere de una consulta indígena porque son poblaciones mayas las que habitan los ejidos que rodean este centro urbano.

“Se tiene que hacer una consulta en la cual se dé a conocer las características del proyecto, ya sea por aportación, venta o por un proceso asociativo con las empresas encargadas de la construcción. Para que los habitantes puedan participar en la comercialización de sus productos en las estaciones del tren o sean considerados para la prestación de servicios”, detalló.

Hernández Palacios comentó que a su llegada a la dependencia se inició una investigación sobre actos de corrupción en la cual hasta el momento se han presentado 40 denuncias ante el Órgano Interno de Control y dos servidores públicos han sido sancionados.

Las principales irregularidades son la solicitud de dinero por parte de los funcionarios para realizar trámites, la participación de servidores públicos en asambleas “fraudulentas” para otorgar derechos de los núcleos agrarios a terceras personas, así como en procesos de compra “simulados” para el despojo de las tierras.

Destacó que en todo el país se tienen registrados 948 conflictos agrarios de mediana a alta intensidad, loc cuales en su gran mayoría llevan años sin poder resolverse; Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz son los estados que concentran el mayor número de estos problemas siendo los límites entre ejidos y comunidades, así como los despojos las principales causas.

El funcionario federal resaltó que durante esta administración buscarán fortalecer a la dependencia mediante la agilización de los trámites y la atención a los ejidatarios, con el objetivo de brindarles certeza jurídica sobre sus tierras.