El exgobernador de Sonora Guillermo Padrés sigue en libertad los procesos judiciales que se iniciaron en su contra desde 2014 y 2016, porque la extinta Procuraduría General de la República (PGR) desistió de la acusación por delincuencia organizada que lo mantenía en la cárcel.

Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre si su administración llegó a algún acuerdo con Padrés para que continúe sus procesos en libertad. Al respecto, el Ejecutivo negó la existencia de acuerdos de este tipo con el exmandatario local y explicó que esto se debió a una orden de un juez, por lo que defendió la autonomía del Poder Judicial y de la FGR.

“Tenemos que ir concientizando, orientando sobre cómo funciona el gobierno, durante mucho tiempo, como dije, todo era el Presidente, era el todopoderoso, entonces no creían, nadie, con razón, que si el procurador tomaba una decisión, no estaba enterado el Presidente o si el Poder Judicial actuaba, un juez, un magistrado, un ministro, no sabía el Presidente, no tenía por qué saber, de acuerdo con la Constitución, porque son tres Poderes, independientes y hay autonomía”, explicó.

Horas más tarde, la FGR responsabilizó a la extinta PGR de la liberación de Padrés, pues especificó que en 2014, en el sistema tradicional, se inició un proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero contra el exgobernador, pero en 2018 la PGR desistió de la acusación de delincuencia organizada.

“En el primer caso, en 2017 y 2018, un juez federal sobreseyó la causa respecto al delito de delincuencia organizada, derivado de un desistimiento expreso de la entonces PGR, y se continuó con el procedimiento por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En dicho proceso, en 2018, un juez federal le otorgó al procesado libertad con medidas cautelares. En este momento procesal, la FGR considera que hay elementos suficientes para solicitar una pena contra Guillermo ‘P’ por operaciones con recursos de procedencia ilícita; y así lo hará en su momento”, señaló la fiscalía en un comunicado.

Asimismo, en 2016, ya en el sistema acusatorio, se inició un proceso por lavado y defraudación fiscal contra Padrés, el cual subsiste y permanece frenado por un amparo tramitado por la defensa.

Sin embargo, la FGR indicó que también en este caso considera que existen elementos suficientes para sentenciar al exmandatario. Al no existir acusación por delitos graves o que merezcan prisión preventiva de oficio, el juez federal concedió a Padrés el beneficio de libertad condicionadad al pago de una fianza de 40 millones de pesos y el uso de un brazalete electrónico.

En 2018 y luego de hipotecar diversos bienes, la familia de Padrés pagó la fianza y la renta del brazalete, razón por la que él puede transitar libremente.

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