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Para considerar a las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a consecuencia del feminicidio de sus madres como víctimas indirectas del delito, proteger sus derechos, y obligar a los tres órdenes de gobierno a asignar recursos presupuestales para garantizar una eficaz asistencia, la diputada morenista Beatriz Rojas Martínez presentó una iniciativa, en la que se señala que será primordial la atención médica, alimentaria, educativa y psicológica de los menores de edad.
La propuesta busca que los protocolos de atención consideren la edad, desarrollo cognoscitivo y madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la reparación integral del daño, resguardando en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes.
También precisa que se extingue o se pierde la patria potestad por haber sido condenado por delito de feminicidio, y los familiares del feminicida tampoco podrán ejercer la patria potestad sobre los menores.
Plantea facultar a la Fiscalía General de la República, a las entidades federativas y la Ciudad de México, para crear un Registro de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres que forme parte del Registro Nacional de Víctimas.
Además, las autoridades competentes se coordinarán a través de un Protocolo de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad como consecuencia del feminicidio de sus madres, a fin de garantizar y vigilar el cumplimiento de la satisfacción de sus necesidades de alimentación, educación, atención médica y psicológica.
La iniciativa, enviada para dictamen a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Igualdad de Género, y para opinión, a la Comisión de Justicia, menciona que cuando un feminicidio ocurre, los hijos e hijas de las víctimas de este delito quedan expuestos a mayores niveles de desprotección y abandono que ponen en riesgo no solo su salud mental, sino también la vida en su conjunto.
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En algunos casos, los familiares se hacen cargo y, en otros, al no contar con redes de apoyo, deben ingresar a centros donde son institucionalizados, o inclusive hay ocasiones en las que el propio feminicida es quien asume su cuidado.
Subraya que, es alarmante que no se cuente con un registro a nivel nacional o estatal sobre cuántos y cuáles son las condiciones de las niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por el feminicidio de sus madres. “No sabemos su cantidad, ni su identidad, mucho menos sus edades, grado escolar, quiénes quedaron a cargo de ellos o si han recibido algún tipo de atención médica o psicológica”.
Para el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y municipales, añade, atender a este sector de la infancia debería ser una prioridad. “No podemos seguirlos ignorando, la realidad de nuestro país, permeada por esta violencia feminicida brutal y sistemática, ha dejado a muchas niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad después del asesinato de sus madres”.
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Puntualiza que los gobiernos deben no sólo contarlos e identificarlos, sino también ofrecerles protección y brindarles otro tipo de ayuda, médica y psicológica principalmente, pues muchos de estos niños han atestiguado el asesinato de sus madres y ello implica afectación emocional grave.
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