SRE rechaza informe de la ONU sobre desaparición forzada en el país; acusa que es "tendencioso" y "sesgado"
La Cancillería advirtió que este informe no consideró las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en donde se acusó que este delito en el país se ha perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad.
En un pronunciamiento, la Cancillería advirtió que este informe es tendencioso y no consideró las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal.
“Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, señaló.
De acuerdo con la SRE, el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, lo que “no corresponde a la realidad del México actual”.
El Gobierno mexicano indicó que si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo de 2009 a 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, “la decisión del Comité es parcial y sesgada”.
"El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo", enfatizaron.
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Agregaron que dicho informe "omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución".
Indicaron que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión "que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión".
Dichos señalamientos, apuntaron las Secretarías, reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores.
Señalaron además falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité, así como "la ligereza de sus premisas", incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes: "existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano".
México destaca reformas ante informe del Comité de la ONU
La Segob y la SRE destacaron "un proceso dialogado y con participación de las familias", por lo que en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley; herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación
- La Plataforma Única de Identidad
- La obligación de fiscalías especializadas estatales
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda
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Aseguraron que nuestro país mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.
"México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual", insistió el gobierno de México.
También se reiteró el compromiso absoluto con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional.
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