El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados , Juan Carlos Romero Hicks, descartó que el problema de los femincidios o la violencia contra las mujeres sea un asunto de etiquetas ideológicas o un conflicto entre conservadores e izquierda.

Por el contrario, el panista llamó a combatir la impunidad, aplicar políticas públicas, rediseñar instituciones y ayudar a que los mexicanos superen la pobreza para atacar el problema; “esta realidad no cambiará mientras desde el púlpito de las mañaneras se sigan esgrimiendo argumentos falsos y armando escenarios irreales”, advirtió.

Es, dijo, momento de escuchar, atender las voces “y detener de una vez por todas la cadena de errores, la indolencia presidencial y la falta de solidaridad con estas causas”.

Para el legislador del PAN el problema de la violencia contra las mujeres “no se trata de etiquetas ideológicas y políticas, tampoco de señalar a los neoliberales de este país, se requieren políticas públicas, federales, estatales y municipales; nuevas leyes que permitan actuar con oportunidad en rediseños institucionales y mayor presupuesto federal”.

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Por eso informó que la bancada del PAN volvió a presentar una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Feminicidio, misma que ya había presentado pero cuyo plazo de dictaminación ya venció, por lo que la propuesta quedó precluida.

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Al presentarla de nuevo se busca expedir las leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de feminicidio, violencia de género, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad, trata de personas, tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, así como los de carácter electoral.

Romero señaló a la impunidad como uno de los motivos por lo cuales una persona cree que puede seguir matando o violentando mujeres sin castigo y “cerca del 60% de los casos quedan impunes”.

Es por esa impunidad “que el ambiente de crispación social que hoy vive México va en aumento”, y por eso justificó la indignación de organizaciones sociales que acusan deficiencias en las investigaciones.

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