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A casi dos años del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó la detención de más de 67 mil 200 personas por delitos de alto impacto, 111 funcionarios públicos vinculados con actividades delictivas y 2 mil personas por el delito de extorsión.
Durante la conferencia matutina en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, García Harfuch expresó que “son personas que ya no pueden continuar generando violencia ni dañando a la población (…) Los resultados que hoy presentamos son consecuencia de instituciones que comparten información y capacidades, de un trabajo diario y permanente para proteger a la población y de una estrategia que la materializan miles de mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida por su país”.
En ese sentido, destacó la detención de algunos objetivos prioritarios como Rubén Nemesio Oseguera, “El Mencho”; Rubén N, “R1”; Hugo N, “El Tuli”; Audias N, “El Jardinero”; César Alejandro N, “El Güero Conta”; Ramón N, “R1”; Jesús N, “El Chuy”; Alfonso N, “Quiringuas”; César Alejandro N, “El Botox”; Luis Enrique Barragán, “R5”; Jesús Alberto N, “El Dron”, entre otros.
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Adicionalmente, resaltó las detenciones que se han dado como resultado de la “Operación Enjambre”, entre los que destacan Isaac N, presidente municipal de Esperanza, Puebla; Abigail N, exdirectora de Seguridad Pública Municipal; Manuel N, hermano del alcalde; y Said N, presidente municipal de Tepeyahualco, Puebla.
Explicó que también se han asegurado 34 mil 353 armas de fuego, de las cuales el 80% son provenientes de Estados Unidos y el 61% de estas fueron armas largas, la mayoría de estas localizadas en Sinaloa, Sonora y Baja California.
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Detalló que desde el inicio de la administración de la Presidenta se han decomisado 88 toneladas de cocaína en operaciones marítimas; 534 toneladas de drogas en operaciones en tierra; 2 toneladas y 9 millones y medio de pastillas de fentanilo; y la inhabilitación de 2 mil 700 laboratorios para la elaboración de metanfetamina en 24 entidades de la República.
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El funcionario reconoció que “esto no quiere decir que la tarea esté terminada, persisten regiones que requieren atención permanente y delitos que enfrentamos todos los días, lo que nos obliga a mantener los esfuerzos y seguir trabajando entregando resultados a la ciudadanía”.
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“Los avances alcanzados no deben interpretarse como una tarea concluida ni dar lugar a triunfalismos, por el contrario, deben ser un llamado a redoblar esfuerzos para seguir disminuyendo los índices delictivos hasta que estos resultados se reflejen claramente en la vida cotidiana y la sociedad los perciba en una mayor seguridad”, dijo.
“Nuestra diferencia es clara, no se trata de responder a la violencia con más violencia ni de reducir el éxito del Estado a enfrentamientos, detenciones o cifras aisladas (…) Se trata de atender las causas que alimentan la violencia y de proteger con prioridad y sin excepciones a quienes más necesitan del Estado mexicano”, concluyó.
nro/apr
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