García Cabeza de Vaca no tiene pesquisa en EU

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no tiene ningún procedimiento penal abierto en su contra en Estados Unidos ni existe evidencia de que violó alguna ley estadounidense.

Así lo afirmó su abogado en dicho país J. A. Tony Canales, quien dijo que hizo una revisión de las denuncias presentadas en México contra el gobernador por Alejandro Rojas Díaz Durán, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y toda la información disponible por parte de los gobiernos de ambos países.

“No he encontrado ninguna evidencia que indique violación a alguna de las leyes de Estados Unidos, como se le acusa. La mayoría de la información citada en las denuncias hechas por Nieto y Díaz Durán se basan en notas periodísticas que contienen rumores con base en reportes alterados del Departamento de Estado y FinCEN”, señaló.

“Es increíble ver un caso que carece de evidencia directa o sustantiva que dé pie al inicio de una investigación en México, mucho menos en Estados Unidos”, dijo.

Afirmó que verificó personalmente en los tribunales de justicia en Texas, las cortes federales de Estados Unidos, el Departamento de Justicia y otras agencias de investigación en dicho país y no encontró ningún procedimiento penal pendiente contra García Cabeza de Vaca.

El pasado 10 de mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos remitió información sobre posibles irregularidades en las operaciones financieras realizadas por García Cabeza de Vaca, sus hermanos y su suegro.

“Su intento por difamar la reputación de mi cliente, es meramente política”, afirmó el abogado.

“El asesor legal de mi cliente en México solicitó acceso al expediente el cual le fue negado, incluso después de que la FGR lo filtrara a los medios de comunicación”, acusó.

Aclaró que García Cabeza de Vaca no tiene cuentas bancarias en Estados Unidos ni bienes inmuebles y que la evidencia que recibió la FGR no existe mientras que acusó que la UIF está haciendo “mal uso y falsificando información con fines políticos”.