“Futuro gobierno, una oportunidad histórica”

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La justicia reproductiva continúa siendo uno de los grandes pendientes del sistema de justicia mexicano, lo cual vulnera los derechos de todas las mujeres, advirtió el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Al presentar el informe La Pieza Faltante. Justicia Reproductiva, Juan Ramón de la Fuente, propuesto como embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resaltó que con el cambio en el gobierno se presenta una “oportunidad histórica” para impulsar los cambios en la legislación que garanticen los derechos humanos, en especial de las mujeres.

“Necesitamos una política que regrese a los orígenes del laicismo. Las violaciones a derechos humanos van a tener consecuencias legales. La violación a los derechos reproductivos de las mujeres es una de las más claras violaciones a los derechos humanos”, comentó.

El también ex rector de la UNAM consideró que en el servicio público se perdió la ética: “Necesitamos principios laicos, porque se nos han ido desdibujando y el servicio de salud no es la excepción”, subrayó.

Comentó que el problema de la violación a los derechos reproductivos no radica en la competencia médica, sino en la formación ética de los profesionales de la salud, por lo que desde las escuelas de medicina deben fortalecerse los valores.

Regina Tamés, directora ejecutiva de GIRE, dijo que el clima de violencia que hay en el país afecta de mayor manera a las mujeres, sector que cada año sufre 600 mil delitos sexuales, además de que 66% ha vivido algún tipo de agresión.

Resaltó que los derechos reproductivos en México continúan siendo un tema secundario, lo que genera que el sistema de justicia condene a mujeres a purgar una condena por abortar.

Detalló que buscan visibilizar el estado de cinco problemáticas: embarazo adolescente, penalización del aborto, violencia obstétrica, muerte materna y seguridad social.

Tamés aseguró que no se puede hablar de una sociedad democrática si las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo, por lo que pidió al nuevo gobierno legalizar el aborto en todo el país.

Luisa María Alcalde, próxima secretaria del Trabajo y Previsión Social, destacó la necesidad de repensar derechos laborales mínimos para las mujeres como las licencias para maternidad, para lo cual se necesitan impulsar cambios en la Ley Federal del Trabajo.

“Necesitamos volver a ver a la contratación colectiva, revisarla para que estos derechos sean garantizados”, indicó.

Olivia López Arellano, próxima secretaria de Salud de la Ciudad de México, consideró que la violencia obstétrica es un problema institucional que atraviesa diferentes sectores, porque no sólo se trata de la atención médica, sino que en muchos casos se no cuenta con el equipamiento y la infraestructura necesaria.