Estado no ha podido frenar agresiones a periodistas, señalan

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y Coordinador Ejecutivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, reconoció que “el Estado no ha podido generar las acciones necesarias para romper la inercia de agresiones que hasta el día de hoy prevalecen”.

En una reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, coincidieron en la necesidad de fortalecer los protocolos vigentes.

“En el sexenio de Felipe Calderón se cometieron 101; en la administración de Enrique Peña Nieto hubo 96, y en la actual se tiene una cifra de 55 asesinatos. En total, de 2006 a la fecha, según las investigaciones por el mecanismo, que se fundamenta principalmente en fuentes abiertas, tenemos el conteo de 252 asesinatos”, puntualizó el funcionario federal.

Indicó que el mecanismo es un órgano de coordinación y cooperación entre la Federación, las entidades federativas y las fiscalías para implementar medidas que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de periodistas y personas defensoras de derechos que estén en riesgo o bajo amenaza.

Detalló que 53% de las personas periodistas incorporadas al mecanismo se concentran en seis entidades federativas: Ciudad de México, 79; Guerrero, 58; Tamaulipas, 49; Quintana Roo, 42; Veracruz, 26, y Oaxaca, 22. Asimismo, de diciembre de 2018 a febrero de 2022 se han registrado 98 homicidios de personas defensoras de derechos.

“Necesitamos una ley general que cree obligaciones y corresponsabilidades hacia las autoridades municipales y estatales, así como construir un sistema nacional de prevención y protección de agresiones cometidas en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, agregó.

En el acto, la diputada de Morena Inés Parra Juárez consideró primordial diseñar una ley nacional que vincule a los diferentes órganos de gobierno “y se evite que estados y municipios se escuden en la autonomía y no defiendan los derechos humanos de la ciudadanía”.