Endurecen penalidad en el delito de extorsión

Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad la minuta de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece una penalidad básica de 15 a 25 años de cárcel a quien cometa este delito, pero que puede aumentar a 41.6 años cuando existan diversas agravantes.

Con el voto a favor de Morena, PVEM, PT, MC, PRI y PAN, estos dos últimos con reservas, la nueva ley que será discutida y en su caso aprobada por el pleno del Senado este miércoles prevé la creación de unidades de investigación, ministerios públicos y policías especializados en el delito de extorsión.

Entre las agravantes se establecen que cuando exista violencia, armas, disfraz de policía, entre otros, se suman entre tres y 17 años más, alcanzando hasta 41.6 años de prisión. El caso de los llamados “montachoques” se considera modalidad agravada.

Cuando haya autoridades cómplices: 20 años si no denuncian los delitos que conocen.

Hasta 30 años para autoridades que permitan extorsiones desde prisión y 12 años por ingresar celulares o dispositivos. Se prevé la destitución e inhabilitación para los servidores públicos que participen.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que se elevó el tipo penal básico de 15 a 25 años de cárcel para evitar que en los estados donde el tipo es más alto se evite que quienes están sentenciados por extorsión puedan ser beneficiados y salir en libertad.

Explicó que hubo 15 modificaciones respecto a la minuta enviada desde San Lázaro, como es la creación de policías, analistas, ministerios públicos certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión.

Carolina Viaggiano, senadora del PRI, respaldó a nombre de su bancada la reforma, pero expuso que “una ley general no resuelve por sí sola el problema que ya desbordó al Estado. Necesitamos un presupuesto real para los estados. La extorsión es un delito principalmente del fuero común. Sin más recursos para policías, fiscalías y tribunales locales la ley será letra muerta”.

“Necesitamos una protección real a las víctimas. Si 97 % no denuncia no es porque no sepan cómo, es porque tienen miedo, porque saben que dentro del gobierno están los que protegen a los extorsionadores, porque desde ahí, como lo vimos con La Barredora, están quienes protegen a los que delinquen fuera”, dijo.

Alejandra Barrales, senadora de MC, expuso que “vamos a respaldar esta propuesta. Nos parece que, ante esta situación evidente, no podemos regatear cualquier esfuerzo que apunte a combatir este mal que afecta a nuestra sociedad”.