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El diputado panista Diego Ángel Rodríguez Barroso presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Cámara de Diputados exhorte a Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue los presuntos delitos denunciados en el libro “Ni venganza ni perdón”, de Julio Scherer Ibarra, cometidos por funcionarios cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Compete a la Fiscalía General de la República establecer los criterios de investigación de los hechos descritos en el libro; así como también solicitar que el autor del libro testifique sobre el contenido de su obra y si este se considera constitutivo de un hecho delictivo”, señala el documento.
El panista refirió que la FGR debe investigar al exfiscal Alejandro Gertz Manero, al senador Adán Augusto López Hernández, a Jesús Ramírez Cuevas, al exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell y a la exministra Olga Sánchez Cordero.
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“El entonces consejero jurídico del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, relata que durante el sexenio anterior, estuvo marcado por intrigas, vendettas personales y funcionarios que, de acuerdo con su testimonio, traicionaron la confianza de López Obrador y manipularon el poder para fines propios”, explica el documento.
El punto de acuerdo señala que el embajador de México en Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, es acusado por Scherer “de utilizar la Fiscalía General de la República para ejecutar venganzas personales y extorsiones políticas”.
Jesús Ramírez, coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, es acusado de haberse relacionado con Sergio Carmona, llamado “Rey del Huachicol”, y “manipular las conferencias mañaneras”.
El exdirector de la CFE, Manuel Bartlett, es mencionado en el libro de Scherer, como “mentiroso y responsable del estancamiento del sector eléctrico por razones puramente ideológicas”, según el punto de acuerdo.
“Lo acusa de engañar al presidente sobre la capacidad de la CFE, provocando la falta de inversión privada y los actuales déficits de energía. Además, señala su aparente necedad en el caso de la planta de Chicoasén, que costó al Estado 300 millones de dólares en un arbitraje, y de provocar conflictos innecesarios con empresas de gasoductos que casi derivan en crisis diplomáticas y económicas”, especifica.
Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud, “es señalado en el libro de desestimar criterios científicos para complacer a López Obrador, provocando miles de muertes evitables durante la pandemia de SARS-CoV-2 o Covid-19”.
Finalmente, el punto de acuerdo refiere que en el libro se acusa a Olga Sánchez Cordero “de ser parte de un grupo que buscaba afectarlo y cuenta que la exsecretaria de Gobernación le entregó al entonces presidente López Obrador una lista de supuestos negocios privados y conflictos de interés de Scherer, acusándolo de llevar asuntos particulares al margen del gobierno para obtener dinero”.
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