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Desechan juicio político contra Murillo Karam por caso Ayotzinapa

De acuerdo con el dictamen avalado en la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados, el juicio político no está bien sustentado ya que quienes lo pidieron, en 2015, no detallaron las irregularidades

Jesús Murillo Karam
Jesús Murillo Karam. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
Nación 30/04/2019 22:00 Alejandra Canchola y Horacio Jiménez Actualizada 01:14

La Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara de Diputados desechó el proceso presentado contra del extitular de la otrora Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por no atender sus responsabilidades en la investigación del caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el dictamen avalado en la subcomisión este martes, por 7 votos a favor y 4 en contra, el juicio político no está bien sustentado ya que quienes lo pidieron, en 2015, no detallaron las irregularidades en el mandato de Murillo Karam.

“Esta Subcomisión de Examen Previo advierte que las imputaciones realizadas en contra del servidor público imputado no pueden ser consideradas procedentes conforme al texto constitucional y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“Los denunciantes omiten expresar a cuáles hechos u omisiones se refieren, esto es pormenorizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, omisiones e irregularidades detectadas. Deben precisarse los datos concretos inherentes que posibiliten apreciar objetivamente a esta Subcomisión el establecimiento indubitable de las violaciones cometidas por el exfuncionario”, señala la resolución.

El juicio político fue presentado el 24 de septiembre de 2015 por entonces legisladores del PRD, poco después de que Murillo Karam saliera de la PGR y también dejara la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), cargo que ocupó posteriormente.

Entonces, los legisladores alegaron que Murillo Karam “no atendió con diligencia las responsabilidades previstas por la norma suprema en materia de derechos humanos y procuración de justicia, de sus leyes reglamentarias en materia de debido proceso y exhaustividad en la investigación relacionada con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos el 26 y 27 de septiembre de 2014”.

Al respecto, la actual coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, sostuvo que aún existen elementos suficientes para no desechar el juicio político.

“Sostenemos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su investigación, comenta que hay pruebas suficientes en el sentido de la responsabilidad que tuvo o que ha tenido Murillo Karam y nos parece, en ese sentido, que no deberíamos desecharlo”, dijo.

Otro resolutivo del dictamen llama “de manera urgente y vigorosa” a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, “a realizar todas las acciones pertinentes de investigación y el esclarecimiento de los hechos de manera profunda y exhaustiva”.

NO SE EXONERÓ A MURILLO KARAM: MORENA

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados emitió una comunicación oficial en la que negó que al rechazar el juicio político contra Murillo Karam, se le esté exonerando de alguna responsabilidad en el caso Ayotzinapa. 

"Las pruebas que recibió la subcomisión eran insuficientes para determinar una responsabilidad política, ya que la Cámara de Diputados no cuenta con facultades en materia penal para determinar la culpabilidad del exprocurador.

“Sin embargo, esta resolución no libera de responsabilidad al ex procurador, ya que se mantiene la posibilidad de que un juez de causa penal, civil o administrativa conozca y resuelva el caso y determine las responsabilidades de su actuar”, señaló la fracción.

Además, los legisladores morenistas aclararon que a lo más que podía trascender el juicio político era a solicitar la inhabilitación de Murillo Karam como funcionario, lo que no genera efecto jurídico real, ya que no es, ni se prevé, que sea servidor público nuevamente.

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