En el último año de su gestión, , auditor Superior de la Federación (), emitió el número más bajo de denuncias penales contra dependencias federales, locales, municipales y entes que cometieron daños al erario.

De acuerdo con una revisión hecha por EL UNIVERSAL a las querellas emitidas por el máximo órgano fiscalizador desde 2018 a la fecha, en 2025, último año de Colmenares Páramo como titular de la ASF, se emitieron sólo tres denuncias penales, es decir, 1% de las 274 que se interpusieron durante los ocho años de su gestión.

De las 274 denuncias interpuestas, 55 fueron en 2018 contra entes y dependencias que incurrieron en presuntos daños al erario en las cuentas públicas 2012 a 2016.

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Balance de actividad de la ASF
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En 2019, la ASF denunció a 31 sujetos obligados, la mayoría contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; en 2020, las denuncias penales llegaron a 32, y entre los entes denunciados por daños al erario destacaron la Secretaría de Cultura, Policía Federal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Diconsa, y Secretaría de Educación Pública.

En 2021, la auditoría interpuso 71 denuncias penales, siendo el año en el que se emitió el mayor número de querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra entes y dependencias como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Pemex Transformación Industrial, así como dependencias locales, estados y municipios.

En 2022 se interpusieron 30 denuncias penales contra dependencias como la Policía Federal; el Instituto Nacional del Emprendedor; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Seguridad Alimentaria Mexicana, así como contra los gobiernos de Zacatecas, Tlaxcala, Nuevo León y Veracruz, entre otros.

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Para 2023, el órgano fiscalizador interpuso 40 denuncias penales ante la FGR en contra de dependencias como Diconsa, S.A. de C.V., Sedatu, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Cultura, y Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como contra los estados de Veracruz, Baja California Sur, Zacatecas, Michoacán y Campeche.

El declive en el promedio de querellas penales inició en 2024, cuando la ASF, a cargo de Colmenares Páramo, interpuso apenas ocho denuncias en contra de la Conade, Diconsa, Exportadora de Sal, S.A. de C.V., la Sader e Infonavit.

El punto más bajo de denuncias en la administración de Colmenares Páramo ocurrió en 2025, cuando se interpusieron tres querellas, sólo por debajo de las dos presentadas en el año 2000, cuando comenzó operaciones la ASF.

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Las denuncias fueron interpuestas en contra de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) por presuntos desvíos de recursos por más de 65 millones de pesos; contra la Conade por presuntos sobornos, moches y contratos simulados por más de 60 millones de pesos, y contra Conacyt por mal uso de recursos de un fideicomiso, con daños al erario por 57 millones de pesos.

Con las auditorías a entes federales a la baja, y la presentación de denuncias penales en descenso, David Colmenares busca la reelección en el cargo por ocho años más, toda vez que su mandato concluye en este mes.

Más auditorías, pero con la lupa lejos del Gobierno Federal

Bajo la actual administración de la Auditoría Superior de la Federación, el volumen de fiscalizaciones ha crecido a costa de centrarse en estados y municipios, mientras que la vigilancia al Ejecutivo federal se estanca y los montos por recuperar caen significativamente.

En su búsqueda por la reelección en el cargo, David Colmenares Páramo ha sostenido como bandera el incremento constante en el número de auditorías realizadas; sin embargo, un análisis detallado de las cifras revela una realidad distinta: el aumento en la actividad fiscalizadora no se traduce en una mayor vigilancia al gobierno federal ni en una recuperación más eficiente de recursos públicos.

Si bien es cierto que el número total de auditorías pasó de mil 675 en 2017 a un pico de 2 mil 369 en 2023, este crecimiento responde casi exclusivamente a la revisión del gasto federalizado (estados y municipios).

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En contraste, la vigilancia a las dependencias del gobierno federal se ha mantenido en una “zona de confort”.

Mientras que en 2017 se realizaron 480 auditorías federales, para 2021 la cifra cayó a 362, y aunque en 2024 se proyectaron 410, el promedio de la gestión de David Colmenares oscila apenas entre 250 y 450 revisiones anuales, manteniendo una línea plana frente al crecimiento de la fiscalización local.

Menos eficiencia en el cobro

La estadística más alarmante para el erario es la tendencia a la baja en el monto por recuperar.

En 2018, la ASF identificó irregularidades por más de 173 mil millones de pesos. Para 2022, a pesar de haberse realizado 346 auditorías más que en 2018, el monto observado se desplomó a 29 mil 765 millones de pesos.

Esta brecha sugiere que, aunque la ASF está “trabajando más” en volumen, está siendo menos efectiva en detectar grandes desvíos o se enfoca en rubros de menor impacto presupuestal.

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Menos combativa

El contraste entre “más auditorías” y “menos denuncias” refuerza las críticas de diversos sectores civiles que acusan una pérdida de autonomía de la institución. Al concentrar la presión en los gobiernos estatales y municipales, la ASF ha restado peso a la fiscalización de los grandes proyectos y dependencias federales, las cuales manejan el grueso del presupuesto nacional.

Con este balance, David Colmenares Páramo se presenta ante la Cámara de Diputados para un nuevo periodo, en medio de cuestionamientos sobre si la auditoría se ha convertido en un ente de gestión administrativa más que en el brazo ejecutor contra la corrupción federal.

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