Crisis de desapariciones escala a la ONU; Centro Prodh señala de "insuficiente" la respuesta de México sobre informe del Comité
Por su parte, Amnistía Internacional apoyó la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada y expresó su preocupación por la descalificación del gobierno mexicano
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) advirtió que la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU evidencia la gravedad de una crisis marcada por miles de desapariciones y la posible participación de autoridades en distintos niveles.
En su cuenta de X, señaló que el Comité identificó un contexto “preocupante” caracterizado por un número masivo de desapariciones, muchas de ellas consideradas desapariciones forzadas, ya sea de forma directa o mediante la connivencia entre el crimen organizado y agentes del Estado.
De acuerdo con el análisis del organismo internacional, estas conductas se han presentado como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que permite clasificarlas como crímenes de lesa humanidad en diversas regiones del país.
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Ante ello, el Comité decidió activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención y solicitó al secretario general de la ONU remitir el caso a la Asamblea General para impulsar medidas de apoyo internacional, entre ellas cooperación técnica en búsqueda, análisis forense e investigación, así como la creación de mecanismos eficaces para esclarecer la verdad y proteger a las familias.
El organismo subrayó que el Comité también documentó que, en algunos casos, autoridades tenían conocimiento previo del riesgo de desapariciones, lo que fue interpretado por actores criminales como una forma de consentimiento.
Destacó que el organismo internacional concluyó que no existe una política nacional integral capaz de prevenir, erradicar y sancionar las desapariciones, además de que la carga de la búsqueda recae principalmente en las familias de las víctimas.
El Comité también señaló la falta de medidas eficaces frente a la crisis forense y los altos niveles de impunidad, pese a reconocer que las desapariciones no forman parte de una política de Estado.
En este contexto, el Centro Prodh criticó la respuesta del gobierno mexicano, que calificó el informe como “tendencioso” y carente de rigor jurídico.
“La respuesta del Estado no está a la altura de la crisis que vive el país en materia de desapariciones”, sostuvo la organización, al considerar que reproduce posturas de administraciones anteriores que desacreditaron a organismos internacionales.
La organización enfatizó que la decisión del Comité se sustentó en años de análisis, información aportada por víctimas, colectivos y organizaciones, así como en evaluaciones previas sobre la situación en México.
También recordó que el Comité no actúa como una instancia de investigación penal, sino que determina si existen indicios bien fundados de prácticas sistemáticas o generalizadas, lo que en este caso derivó en una acción internacional de carácter urgente.
El Centro Prodh insistió en que los hallazgos confirman la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado, garantizar la verdad y justicia para las víctimas, y asumir con seriedad la dimensión de una crisis que continúa sin resolverse.
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Amnistía celebra posicionamiento de la ONU
La organización Amnistía Internacional celebró la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de llevar, con carácter urgente, la situación de México ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, al tiempo que expresó su preocupación por la descalificación del gobierno mexicano frente a esta medida inédita.
A través de su cuenta en X, la organización advirtió que las desapariciones en el país continúan siendo una crisis que afecta directamente a más de 132 mil familias. Hizo hincapié en que, si bien existen avances, estos no eximen al Estado de atender las observaciones internacionales ni de asumir plenamente su responsabilidad. En ese sentido, enfatizó la necesidad de mantener la cooperación internacional y colocar en el centro a las víctimas y sus familias.
El Comité contra la Desaparición Forzada reconoció la gravedad del fenómeno y planteó la urgencia de adoptar acciones concretas, entre ellas fortalecer la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada en tareas de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones, incluyendo posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado.
Asimismo, instó a establecer un mecanismo eficaz que permita esclarecer la verdad y garantizar asistencia y protección tanto a las familias de personas desaparecidas como a las organizaciones y defensores que las acompañan en su labor.
Para Amnistía Internacional, la resolución del Comité representa una oportunidad clave para que el Estado mexicano atienda de manera efectiva la crisis. En este contexto, hizo un llamado a las autoridades a aceptar la cooperación técnica internacional, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y reafirmar su compromiso con los derechos humanos de quienes buscan a sus familiares.
En abril de 2025, el Comité de la ONU activó por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, con el objetivo de analizar si en México este delito se comete de manera sistemática o generalizada, en respuesta a la profundidad de la crisis que atraviesa el país.
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Hallazgos del Comité
En su informe, el Comité reconoció algunos esfuerzos del Estado mexicano; sin embargo, concluyó que estos han sido insuficientes frente a la magnitud del problema. Entre sus principales hallazgos destacan:
- La existencia de indicios fundados de que las desapariciones forzadas se han cometido y continúan cometiéndose como crímenes de lesa humanidad.
- La comisión de estos delitos mediante ataques generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos, dirigidos contra la población civil.
- La posible participación o aquiescencia de autoridades públicas —a nivel federal, estatal y municipal—, así como la intervención de organizaciones criminales que actúan de forma autónoma o en complicidad con agentes del Estado.
El posicionamiento de Amnistía reaviva la presión internacional sobre México en uno de los temas más sensibles en materia de derechos humanos y coloca nuevamente en el centro la exigencia de verdad, justicia y no repetición.
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