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Antes de obligar a los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos personales, el gobierno debería resolver muchos otros problemas que hay alrededor de este tema y garantizar la salvaguarda de las bases de datos, advirtió la senadora Claudia Anaya Mota.
En entrevista con EL UNIVERSAL, la legisladora del PRI señaló que para combatir a fondo la extorsión lo primero que hay que hacer es abatir la impunidad y contar con un marco legal que vaya mucho más adelante que la delincuencia.
“La extorsión telefónica tiene un modus operandi mucho más sofisticado. El problema es que la delincuencia organizada va, digámoslo así, en un Tren Bala y la legislación va en el Tren Maya. O sea, va mucho más atrás. A ver, muy bien, hagan el registro, garanticemos que salvaguarden la identidad, pero pues ya te están llamando de la India.
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“Hemos visto que la extorsión, incluso, se hace por líneas internacionales. Seguramente te ha tocado, te hacen llamadas de Estambul, la India, Los Ángeles, Brasil, porque así operan hoy día. Se contratan call centers internacionales, que incluso pueden estar físicamente aquí en México, pero que tienen la línea de otra parte del mundo, y es así como se triangula la llamada. Tú no sabes bien a bien quién te llama, pero lo que sí es que ellos tienen una herramienta bien interesante, que cuando te llaman ya tienen información tuya”, señaló.
Al reconocer que bases de datos en poder de instituciones públicas y de empresas privadas son vendidas ilegalmente, la senadora zacatecana señaló que los operadores de telefonía móvil que recabarán los datos personales de las personas titulares de las líneas telefónicas tienen que cumplir la ley y resguardar la información y los datos personales.
Además, recalcó que se tiene que combatir la corrupción que existe al interior de los penales, desde donde operan bandas de extorsionadores.
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“¿Por qué sigue creciendo el delito? Porque seguramente no estamos siendo efectivos en el combate. La corrupción y la colusión de funcionarios involucrados o, vamos a decir, operarios comprados, operarios de telefónicas comprados o coaccionados por la delincuencia, de los que operan en la calle.
“Pueden ser muchas cosas las que están ahí involucradas, pero tenemos que mejorar las técnicas de efectividad de las fiscalías y de las policías para que puedan responder ahora a todas las grandes obligaciones y facultades, porque así como tienen obligaciones, la verdad es que ya se les ha dado manga ancha, prácticamente tengan toda la información al alcance de su mano y puedan actuar”, apuntó.
Anaya Mota afirmó que el Congreso de la Unión ha endurecido la legislación contra la extorsión, por lo que insistió en que las autoridades no tienen pretexto para no actuar con efectividad frente a este delito.
Subrayó que en la ley antiextorsión también vienen sanciones no solamente para quien sea un extorsionador dentro de una cárcel, sino para el director, los directorios del penal. “O sea, las leyes las hemos endurecido mucho en los últimos años. El problema es qué tan efectivo está siendo el tema, porque ya tenemos la extorsión en prisión preventiva oficiosa, la tenemos en el Código Penal, tenemos una ley especial y la tenemos para extinción de dominio”, recalcó.
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