Centro Prodh lamenta falta de avances en investigación por caso de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa; van 6 meses de su ejecución

A seis meses de la ejecución de las niñas Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, en Badiraguato, Sinaloa, presuntamente a manos del Ejército mexicano, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) lamentó que no existan avances sustantivos en la investigación civil y que se mantengan abiertas indagatorias paralelas en el fuero militar.

El comunicado de la organización no gubernamental se lanzó en respuesta a que hoy, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Justicia Militar abrieron carpetas de investigación, y que un juez militar dictó prisión preventiva contra los elementos castrenses involucrados, quienes actualmente permanecen recluidos en Mazatlán.

Sin embargo, el Centro Prodh cuestionó que, pese a la gravedad del caso y a la admisión pública de responsabilidad por parte de las autoridades militares, no se haya dado a conocer ningún resultado concreto de la investigación civil, ni se haya garantizado el acceso a la justicia para las familias.

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Rinden homenaje y protesta por niñas asesinadas en Badiraguato, Sinaloa. Foto: Especial

“La apertura de procesos paralelos en el fuero militar perpetúa la impunidad en casos de violaciones graves a derechos humanos”, señaló la ONG, al recordar que los hechos fueron presentados inicialmente como un enfrentamiento, cuando en realidad se trató de una ejecución extrajudicial cometida contra dos menores de edad.

Así, el Centro Prodh advirtió que no se trata de un caso aislado y subrayó que durante la actual administración se han documentado otros hechos similares, como la ejecución de seis migrantes en Chiapas en octubre de 2024 y la muerte de seis jornaleros en Tamaulipas en octubre de este año, ambos atribuidos a personal militar.

La organización reiteró su llamado a restringir la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y a establecer mecanismos de control civil efectivos sobre el poder militar, para evitar nuevas violaciones a derechos humanos.

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