Bajo llave hasta 2031, declaración de Rocha Moya
Hacer público el interrogatorio puede exponer las líneas de investigación, argumenta; se debe guardar el estricto sigilo sobre el contenido de la carpeta, añade la institución
La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años, es decir, hasta 2031, las preguntas del cuestionario que le hizo en mayo pasado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por sus presuntos nexos con el narcotráfico, como acusa el gobierno de Estados Unidos.
En respuesta a una solicitud de información, argumentó que hacer públicos estos datos podría exponer las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del gobernador.
Aseguró que es “un riesgo identificable” entregar esta información, al señalar que se encuentra relacionada con indagatorias en trámite, y de ser difundida, dejaría expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias pertinentes y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.
“Es un riesgo real dar a conocer la información contenida o relacionada con la carpeta de investigación, toda vez que se expondrían las líneas de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen las evidencias para el esclarecimiento de los hechos, y en su caso, los medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del inculpado”, detalla la FGR.
El pasado 26 de mayo, Rubén Rocha Moya compareció ante la fiscalía debido a las acusaciones formuladas en Estados Unidos que pesan en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
“Respondí las preguntas que me formuló la agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó Rocha Moya en esa ocasión.
Se deben garantizar los DH
En la página 2 del oficio No. FGR/UETAG/003383/2026, la fiscalía argumentó que difundir esta información sobre el interrogatorio al gobernador con licencia pondría en riesgo el respeto y garantía a sus derechos humanos.
Se indica que la FGR tiene la obligación de guardar el “estricto” sigilo, secrecía y reserva de todo el contenido en la carpeta de investigación.
“De difundir la información, se pondría en riesgo el respeto y garantía a los derechos humanos de las personas involucradas, lo que conlleva una responsabilidad tanto de carácter penal como administrativa, al tener la obligación de guardar el estricto sigilo, secrecía y reserva de todos los registros contenidos en la carpeta de investigación, ya que, con su divulgación, se corre el riesgo de vulnerar los derechos de las personas involucradas”.
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Se pueden violar leyes y ser acreedor a sanciones penales
Además de estos argumentos, la FGR afirmó que está imposibilitada para entregar esta información, al señalar que violaría diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La fiscalía advirtió que quien entregue esta información reservada se podrá hacer acreedor a una sanción penal.
“Bajo este contexto, la persona servidora pública que quebrante la reserva de la información, al dar a conocer datos inmersos en expedientes de investigación a quien no tiene derecho, incumpliría lo estipulado en los numerales antes citados, por lo que estaría cometiendo el delito contra la administración de justicia y, por ende, se haría acreedor a las sanciones penales correspondientes, así como la sanción administrativa respectiva al incumplir con el debido resguardo de los documentos e información bajo su responsabilidad”.
Por estos argumentos, el 25 de junio, el Comité de Transparencia de la FGR en su Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria 2026, confirmó la clasificación de la información requerida por cinco años o hasta que se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.
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