Aprueban acuerdo para hacer sesiones híbridas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó un acuerdo para poder realizar sesiones de manera híbrida, es decir, de modo presencial y que quienes lo soliciten puedan unirse de manera virtual.

El acuerdo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece que las sesiones de resolución de las salas serán públicas y presenciales, pero únicamente la Sala Superior podrá realizar sesiones híbridas.

Señala que cuando por razones de seguridad no se puedan celebrar las sesiones públicas de forma presencial se podrán realizar por videoconferencias con el fin de salvaguardar la integridad de los integrantes del Tribunal Electoral.

A raíz de la pandemia de Covid-19, en marzo de 2020 la Sala Superior autorizó la resolución no presencial de los medios de impugnación, de forma virtual, la cual se mantuvo vigente por más de dos años.

El 21 de septiembre de 2022, el pleno de la Sala Superior aprobó un acuerdo para restablecer las sesiones presenciales.

El acuerdo fue aprobado por mayoría de votos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con el voto parcial de la magistrada Janine Otálora, quien expuso algunos puntos de disenso.

En su voto, la magistrada advirtió que es cuestionable que otra magistratura pueda elegir de manera discrecional cuándo quiere sesionar por videollamada.

“En ese orden de ideas es que considero que la autorización de que una magistratura solicite enlazarse a la sesión de manera virtual tendría que estar plenamente justificada en la emergencia sanitaria o en un caso fortuito, de fuerza mayor o una emergencia insuperable; de lo contrario, se estaría actuando sin una base legal sólida. Además, como fue señalado, se trata de una regulación que no tienen una finalidad de maximizar el derecho al acceso a la justicia de la ciudadanía”, apuntó.

Expuso que la ausencia temporal de una magistratura no constituye un hecho atípico ni pone en riesgo la operatividad de las salas del Tribunal Electoral, en tanto que la normatividad aplicable prevé mecanismos para hacer frente a una situación de esta naturaleza.

“Considero que dicha posibilidad o habilitación discrecional puede afectar en el desarrollo de las sesiones públicas, específicamente al despersonalizar el adecuado debate de los asuntos y en la mejor comunicación de las decisiones a la ciudadanía, esto es, en una mejor justicia abierta”, sostuvo Otálora Malassis.