Misión de la ONU vincula a Maduro y al gobierno venezolano con "crímenes de lesa humanidad"

Ginebra.- Una Misión Internacional de Investigación a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El informe publicado hoy por esa Misión ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado - tanto a nivel presidencial como ministerial - ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales - incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura - constituyen crímenes de lesa humanidad", dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.

Las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

"Donald Trump aprobó que me maten", asegura Nicolás Maduro

Los investigadores han recogido evidencias de que a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora (periodo que cubre el informe) incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno", agregó Valiñas.

Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política, que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios un año antes.

En julio, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en el país al presentar un informe en el que denunciaba "detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso" y casos de "tortura y desapariciones forzadas".

En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.

Venezuela, sin liderazgo político a la vista

Además, estudió otros 2.891 casos para "corroborar los patrones de violaciones y crímenes", como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

No obstante, esta misión no pudo visitar Venezuela, debido a que "el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes" y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el informe.

Si bien la misión reconoce "la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público", constató que "el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela".

fml