Una señal clara de los límites trumpistas para el hemisferio

El reciente uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela para la remoción de Nicolás Maduro no puede entenderse como un hecho aislado ni estrictamente coyuntural. Como advertía Raymond Aron, las relaciones internacionales no se rigen por el azar, sino por estructuras de poder que condicionan el comportamiento de los Estados. En ese sentido, este episodio debe leerse como parte de procesos más amplios que atraviesan tanto el sistema internacional como el orden regional americano.

Uno de esos procesos es la transición hacia un orden internacional más fragmentado y multipolar. El dominio global estadounidense posterior a la Guerra Fría se ha erosionado gradualmente, lo que ha llevado a las grandes potencias a buscar asegurar esferas de influencia, moldear el entorno estratégico inmediato y limitar la presencia de rivales geopolíticos en regiones consideradas vitales para su seguridad.

Durante años, América Latina ocupó un lugar secundario en la agenda estratégica de Washington, desplazada por Medio Oriente y Asia. Sin embargo, desde la perspectiva de amplios sectores del Partido Republicano y, en particular, del trumpismo, esa desatención estratégica permitió que el hemisferio se convirtiera en un repositorio de amenazas transnacionales. Fenómenos como la migración indocumentada, el narcotráfico y la expansión del crimen organizado dejaron de verse como problemas sociales o humanitarios para ser conceptualizados como amenazas directas a seguridad nacional de EU, a lo que se suma la creciente presencia de China y Rusia en la región.

Este marco ayuda a entender —aunque no a justificar— por qué la visión trumpista considera legítimo recurrir a medidas extraordinarias, incluidas acciones militares que se sitúan en los márgenes o fuera de los consensos del derecho internacional. Venezuela aparece como un punto crítico no sólo por su colapso interno, sino por los vínculos estratégicos del régimen venezolano con China y Rusia, materializadas en financiamiento, comercio energético, respaldo diplomático y cooperación militar.

Desde esta óptica, la remoción de Maduro buscaría forzar a los gobiernos sucesores a redefinir esos vínculos y enviar una señal clara al resto del hemisferio sobre los límites que EU está dispuesto a tolerar en materia de relaciones extrarregionales. Al mismo tiempo, el episodio refuerza una realidad contundente: Washington conserva la capacidad de imponer el poder duro en su entorno regional, sin un interés genuino en transformar las profundas problemáticas sociales del continente.

El ataque se inscribe en un proceso más amplio de erosión del derecho internacional y del multilateralismo. No sólo actores revisionistas como Rusia han violado principios fundamentales, sino que el arquitecto del orden liberal ha subordinado reiteradamente las normas a sus intereses nacionales. El resultado es la normalización de una ética preocupante: la primacía del poder sobre la norma.

El caso venezolano se articula con la securitización del combate al narcotráfico por parte de EU. Este fenómeno ha dejado de concebirse como un problema transnacional que requiere cooperación para presentarse como una amenaza existencial que justifica medidas excepcionales, como el castigo extraterritorial contra presuntos culpables de narcotráfico sean civiles o gobernantes. Las acusaciones de narcotráfico contra Maduro, aunque fundadas, se emplearon para justificar una acción militar con objetivos geopolíticos más amplios, revelando el surgimiento de una nueva doctrina estadounidense para el hemisferio, el regreso del poder duro al centro de la política internacional, así como el desdibujamiento de los consensos normativos que alguna vez lo contuvieron.

*Profesor investigador de Relaciones Internacionales en UPAEP