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"Quiero pedir perdón a mis cuñadas por todo el daño emocional que les he causado. Las quiero a todas y las considero las hermanas que nunca tuve. Gracias por perdonarme".
Esas fueron las últimas palabras de Abel Revill Ochoa, el ciudadano mexicano ejecutado este 6 de febrero en el estado de Texas, en el sur de Estados Unidos.
El hombre de 47 años había sido condenado a pena de muerte en 2003 por asesinar a cinco miembros de su familia, incluidas sus hijas de 7 años y 9 meses.
Según aseguró el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), Ochoa fue declarado muerto a las 18:48 hora local tras recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión de Huntsville.
Así, el mexicano se convirtió en la segunda ejecución del año en Texas y la número tres en todo el país. Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, 1.515 presos han sido ejecutados en Estados Unidos.
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Qué sucedió
Fue un domingo 4 de agosto del año 2002 cuando Abel Ochoa, adicto al crack, llegó al living de su casa -ubicada en Dallas, Texas- con una pistola en la mano y comenzó a matar a tiros a su esposa, Cecilia, y a sus hijas Crystal (de 7 años) y Anahi (de 9 meses). Además, le disparó a su cuñada Jaqueline y a su suegro Bartolo.
Ese día, el hombre llevaba 10 días sin consumir crack pues, según afirmó durante el juicio en su contra, había aceptado la ayuda de su familia para superar su adicción.
Dos años antes de los crímenes, Ochoa había empezado a consumir y rápidamente se había vuelto adicto, endeudándose y gastándose el dinero familiar en comprar droga.
Sin embargo, ese 4 de agosto tuvo una recaída luego de que su esposa se lo permitiera con el pretexto de que estaba sumido en un profundo síndrome de abstinencia.
Poco después de haber fumado, pasó lo peor.
"La pistola ya estaba cargada, y entré en el salón dónde estaba mi familia. Empecé a disparar mientras estaban todos sentados en el sofá", confesaría después el mexicano.
Su hija Crystal intentó escapar corriendo hacia la cocina, pero su padre la alcanzó y la mató de cuatro tiros en la espalda.
Además, dejó herida de bala a otra de sus cuñadas, Alma, hermana de su esposa, quien logró escapar y avisar a la Policía del incidente. De esa manera, minutos después las autoridades detuvieron a Ochoa en un cajero automático mientras intentaba sacar dinero con una tarjeta de crédito de su mujer para comprar más droga.
A pesar de que su defensa afirmó que los crímenes los cometió en medio de un delirio inducido por las drogas, el jurado decidió condenarlo a muerte.
Y así, 18 años después del horrible crimen, el mexicano fue ejecutado.
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Oposición a la pena de muerte
Luego de la ejecución, el Consulado de México en Houston manifestó públicamente su oposición a la pena de muerte.
A través de un comunicado, dijo que tal castigo lo consideran "una de las violaciones más esenciales de los Derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana que socava la dignidad de las personas".
Agregaron que seguirán "promoviendo acciones tendientes a la moratoria de ejecuciones y la eventual abolición de la pena de muerte en el mundo".
El consulado, además, reveló que se le había ofrecido asistencia consular a Ochoa mediante un miembro de su equipo de defensa pero que no fue requerida.
No obstante, la diplomacia mexicana había suscrito una carta dirigida a la Junta de Perdones Texas con el fin de apoyar la solicitud de clemencia de Ochoa, petición que finalmente fue rechazada por ese organismo.
Ochoa era también ciudadano estadounidense y se presentó como tal durante el proceso penal.
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El caso de Abel Ochoa no es aislado y ya son varios los mexicanos ejecutados en Estados Unidos.
Por esta misma razón, de hecho, México llevó a Estados Unidos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en 2003, con el argumento de haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron siendo ejecutados.
La CIJ falló al año siguiente -en lo que fue conocido como el "caso Avena"- que Estados Unidos había violado los derechos de 54 reos, y determinó que sus condenas fueran revisadas.
Sin embargo, EE.UU. continuó con la pena de muerte. En 2018, por ejemplo, ejecutó a Roberto Moreno Ramos, quien formaba parte de esta lista de reos mexicanos en Estados Unidos amparados en la sentencia de la CIJ.
En aquella ocasión, el gobierno de México también intentó evitar su ejecución, sin éxito.
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