16 | OCT | 2019
ONU denuncia ejecuciones y represión
Venezolanas protestaron ayer por la muerte del capitán Rafael Acosta, quien estaba bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro, en Caracas. Foto: REUTERS

ONU denuncia ejecuciones y represión

05/07/2019
02:41
Agencias
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bSon hasta 7 mil presuntas muertes extrajudiciales; chavismo critica “visión distorsionada”

Caracas.— Cerca de 7 mil presuntas ejecuciones extrajudiciales se produjeron en Venezuela en el último año y medio, según un informe publicado ayer por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, quien recientemente visitó el país.

La gran mayoría de esas muertes fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, una proporción “sorprendentemente elevada”, alertó Bachelet. El reporte también indicó que el gobierno chavista usó escuadrones de la muerte contra jóvenes y manipuló los hechos para que pareciera que las víctimas fatales se resistieron al arresto.

“Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles”, replicó el gobierno de Nicolás Maduro.

En su informe tras la visita a Venezuela del 19 al 21 de junio, Bachelet resaltó que “los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación”. El escrito se elaboró a partir de más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a testigos de los abusos.

La alta responsable de la ONU pidió en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que responsabilizó por la mayor parte de las 5 mil 287 muertes extrajudiciales, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, durante operaciones policiacas en 2018. “Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles”, relató el documento. “En cada caso, los testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas. Habrían plantado armas y drogas y habrían disparado sus armas contra las paredes o al aire para insinuar un enfrentamiento y demostrar que la víctima se habría resistido a la autoridad”, añadió.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente año, otras mil 569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores”, resaltó Bachelet. Esas cifras fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el gobierno venezolano, precisó Ravina Shamdasani, una portavoz. “No las habíamos publicado hasta ahora (...). Nos fueron enviadas en respuesta a nuestras solicitudes”, detalló.

Además, hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, declaró Bachelet.

Rechazan reporte. El informe ofrece “una visión distorsionada” de la situación en Venezuela, afirmó el gobierno de Maduro.

El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas por motivos políticos. “Esta parte resulta inaplicable y por tanto equivocada, puesto que en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición”, añadió.

La situación es “compleja”, admitió Bachelet, que pudo entrevistarse con los principales protagonistas de la crisis. Además de la disolución de las FAES y de los colectivos, Bachelet recomendó la creación de “un mecanismo nacional imparcial e independiente” para analizar las ejecuciones extrajudiciales y le pidió al gobierno que publique regularmente datos exhaustivos sobre la salud, el acceso al agua y alimentos, entre otros, de la población.

A la ONU le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social. El informe mencionó que la Alta Comisionada ha pedido la creación de una oficina permanente en el país.

El gobierno de Maduro reprochó que “el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos”. La administración resumió: “No es objetivo ni imparcial un análisis en el que se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilice o minimice los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial”.

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