Fue detenido en San Diego, California, pero trasladado a Aurora, Colorado, y desde hace cuatro meses no ha visto a sus dos hijos ni a su esposa. Se trata de Paulino Hernández, de 39 años. Anailda Aguilar, su cónyuge, cuenta a EL UNIVERSAL: “El 26 de junio lo detuvieron unos agentes de la Patrulla Fronteriza, iba manejando, pero no cometió ninguna infracción y por más que le preguntaba al oficial cuál era la causa, los agentes le preguntaron su estatus legal y le pidieron papeles y no sé cuántas cosas. Al final lo detuvieron, lo esposaron y se lo llevaron detenido por ser indocumentado.

“Por si fuera poco, aunque lo detuvieron en San Diego, a los días lo trasladaron a Aurora, en Colorado, y desde hace cuatro meses no lo vemos”, comenta muy triste y molesta.

Paulino y su familia son originarios de Oaxaca. Él ya había sido detenido en el año 2003 porque tenía aparentemente algún tipo de droga personal; al poco tiempo fue liberado y posteriormente le quitaron el cargo de su expediente. Sin embargo, le habían dictado orden de deportación y esa no se pudo detener, pero Paulino se quedó en Estados Unidos.

“Mi esposo nunca se ha drogado”, dice Anailda. “Son abusos que suceden; no obstante, afortunadamente pudo defenderse y salir libre. Ahora la orden de deportación siguió y no sabemos qué va a pasar porque es como si dos veces lo expulsaran”, comenta angustiada. “Lo que estamos peleando es que lo regresen a San Diego para que mis hijos, Esteban, de siete años, y Rodrigo, de 14, lo puedan ver. El mayor sabe qué pasa y está muy triste, pero mi hijo más chico no sabe y aunque su papá habla todas las noches con ellos y conmigo, el chico piensa que nos abandonó”, cuenta con mucha frustración.

“Lo más increíble del caso”, declara su abogado Murray D. Hilts, “es que la juez Nina Carbone aprobó y ordenó el traslado del señor Hernández de Aurora a Mesa Otay, en San Diego, donde inicialmente lo tuvieron. Los directivos de Aduanas e Inmigración en Colorado no quieren obedecer la orden”, dice asombrado Hilts.

“Estamos haciendo la queja reglamentaria, pero entre una cosa y otra pueden pasar semanas o meses en la misma situación”. El hijo mayor de la pareja, Rodrigo, declara: “No entiendo por qué en Estados Unidos están sucediendo estas cosas, mi papá nos hace falta a mi hermano y a mí, a mi mama también. Estamos sufriendo mucho, no es un delincuente y no deberían hacernos esto”.

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Entre lágrimas tras escuchar a su hijo, Anailda describe que por si la situación no fuera suficientemente difícil, “al mes de que pasó esto, tuvimos que dejar la casa donde vivíamos porque no pudimos pagar la renta y nos fuimos con unos parientes a Oceanside, al norte del condado de San Diego, donde nos recibieron. Pero al mes siguiente nos embargaron el coche que teníamos por la misma razón: no poder pagar. Estamos desesperados de verdad”.

De acuerdo con el abogado Hilts, “el interés de ICE [Aduanas e Inmigración de Estados Unidos] para dejar en Colorado a Paulino es porque cada estado interpreta a su manera la ley federal de inmigración y tradicionalmente en California pueden ser menos duros”, comenta. “Lo que ellos quieren es asegurarse de que lo deporten”.

Paulino Hernández es uno de los miles de padres y madres de familia que, por una razón u otra, han sido detenidos por las autoridades de inmigración y forman parte de las más de 500 mil órdenes de deportación pendientes que actualmente hay en Estados Unidos. Alrededor de 75% están prácticamente encarcelados y forman parte del presupuesto multimillonario que en la era del presidente Donald Trump se autorizó en el último ejercicio fiscal federal con un récord de 6 mil 800 millones de dólares; una muy importante tajada económica se queda para los inversionistas de los centros de detención para indocumentados que son de carácter de inversión privada.

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“Mi esposo nos cuenta que están saturados de indocumentados, que hace un frío infernal y que la comida es mala y poca”, describe Anailda. “Si alguien se siente mal sólo te dan aspirinas y muy rara vez va algún doctor, tampoco los apoyan sicológicamente, hasta donde sé. Tenemos que ver cómo le hacemos porque le cobran para las llamadas y si quiere comprar alguna comida chatarra de las que venden adentro, son más caras que afuera en las tiendas”, asegura.

De acuerdo con el abogado Hilts, “más tarde o más temprano el señor Hernández va a ser trasladado a San Diego, porque estamos presionando para que cumplan la orden”, asegura. “La familia y especialmente sus hijos seguirán esperando poder verlo pronto”.

“Rezo diario y le pido a Dios que no se lo lleven y que no lo permita”, dice Anailda, “sólo Dios puede ayudarnos y nosotros tenemos mucha fe”.

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