“EU, sin marco jurídico para lanzar ataque en México”; una charla con el relator de la ONU para ejecuciones extrajudiciales
El gobierno de Trump, advierte, está perdiendo “autoridad moral” debido a sus abusos
Bruselas.- Estados Unidos carece de un marco jurídico legítimo como para emprender una incursión contra los cárteles en México, asegura, en entrevista con EL UNIVERSAL, Morris Tidball-Binz, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, quien afirma que las acciones cometidas por la administración de Donald Trump en nombre de la guerra contra el narcoterrorismo suponen delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.
Para el relator, los grupos criminales que operan en México tiene las características como para configurarse “como un grupo armado. Por otro lado, con respecto a la lucha contra el narcotráfico, hay una larga y continua cooperación entre México y EU en términos de inteligencia, recursos”. Por ello, subraya, Estados Unidos “no tiene un marco jurídico legítimo para llevarlo a cabo, especialmente si ello conlleva a la pérdida de vidas. No hay fundamento alguno”.
Para México, afirma el experto en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria, la opción es recurrir a “los tribunales y el derecho internacional. Considera una “vía legítima, incluso necesaria”, el acudir al Tribunal Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU.
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Tidball advierte que los abusos de Trump “están rápidamente deslegitimando” a Estados Unidos y que el país está perdiendo, “si no es que la ha perdido ya”, la “autoridad moral para poder condenar las violaciones a esas normas cometidas” por otras naciones.
Ataques letales contra pequeñas embarcaciones en aguas internacionales, muertes causadas por acciones militares a gran escala en Venezuela. ¿Existe alguna base legal para que Estados Unidos lleve a cabo tales acciones?
De ninguna manera, no hay ninguna base ni fundamento legal, porque más allá de las declaraciones de la administración de EU, no existe un conflicto armado de tipo alguno entre dicho país y las actividades de los grupos criminales que acusan de narcoterrorismo. Ni en el derecho internacional humanitario, ni en la misma legislación y manuales de guerra de EU, el nivel de violencia y el tipo de situaciones a las que ha llegado, que por cierto han causado la muerte de más de 100 personas en alta mar, se ajustan de manera alguna a la definición de conflicto armado. El cuerpo de derecho internacional sobre situaciones de guerra o conflictos armados internacionales o no internacionales, simplemente no aplica.
Si el derecho no las ampara, ¿qué son?
Respecto a los ataques de embarcaciones en alta mar que EU alega son responsables del transporte de narcóticos de forma ilegal: en el ataque del 16 de octubre, de manera excepcional, sobrevivieron dos personas: Andrés Fernando Tufiño, de nacionalidad ecuatoriana; y Jeison Obando Pérez, colombiano. Al ser repatriados a sus respectivos países, no se les pudo iniciar ningún procedimiento penal porque no había elementos suficientes para sustentar cargo alguno. Es decir, los argumentos de que son individuos altamente peligrosos no se sustentan con prueba alguna. La normativa jurídica que se aplica en estos casos prohíbe tácita, explícita y absolutamente la privación arbitraria de la vida. Y en los casos, no hay otra interpretación posible que privaciones arbitrarias de la vida.
¿Están cometiendo crímenes de lesa humanidad?
Cuando las privaciones ilegales debidas a las ejecuciones judiciales o muertes arbitrarias adquieren una cierta dimensión en cuanto a número, extensión geográfica y planificación, como parece corresponder a estos casos, corresponden a la definición de crimen de lesa humanidad, un crimen gravísimo, imprescriptible y perseguido por tribunales, no solamente por la Corte Penal Internacional, sino por cualquier tribunal ordinario o penal de un país que haya aceptado la jurisdicción universal sobre crímenes graves. Potencialmente, estos crímenes podrían llevar a la persecución penal y eventualmente a la sanción penal de los responsables por parte de tribunales de países que tienen esa jurisdicción. Estados Unidos no ha firmado ni ratificado los estatutos de Roma, pero cualquier país cuyos tribunales puedan ejercer la jurisdicción universal podrían en principio, o también perseguir y eventualmente sancionar penalmente a los responsables de estas muertes, como lo hizo Países Bajos con el caso del derribo del avión de Malaysia Airlines de julio del 2014 sobre el Donbás.
¿Debería extrañarnos que en algún momento de la historia el fiscal de la CPI gire órdenes de aprehensión contra los responsables en EU?
No se puede descartar, porque todas son muertes ilícitas, violaciones del derecho a la vida. Así que podría ser, como ocurrió contra las máximas autoridades de países que no son parte de los Estatutos de Roma (Rusia e Israel).
¿Qué mensaje está enviando EU con estos crímenes?
El mensaje es claro en cuanto a un irrespeto del derecho internacional que aplica en todo el mundo, incluyendo en EU, por lo que hago un llamado urgente a que EU respete el derecho a la vida y revise el uso letal de la fuerza, tanto a nivel doméstico como internacional, normas que no son derogables y que son absolutas.
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En el Foro de Davos el presidente Trump adelantó que toca la fase terrestre, concretamente las drogas que entran por México.
Hay una serie de requisitos para que un grupo que porta armas, participa en algún tipo de acción armada, pueda configurarse como un grupo armado como tal; es decir, cierto nivel de organización, de control del territorio, jerarquía, normas internas, en fin, toda una serie de criterios para configurar una situación de conflicto armado no internacional; ninguno de estos grupos, incluso los que nombró la administración estadounidense, tiene esas características. Por otro lado, con respecto a la lucha contra el narcotráfico, hay una larga y continua cooperación entre México y EU en términos de inteligencia, recursos; de modo que no dejan de sorprender las recientes declaraciones de la administración estadounidense respecto a una incursión de este tipo, porque no tienen un marco jurídico legítimo para llevarlo a cabo, especialmente si ello conlleva a la pérdida de vidas. No hay fundamento alguno.
¿Qué opciones tiene México?
Los tribunales y el derecho internacional. México ha emprendido en el pasado acciones legales en tribunales americanos a favor de ciudadanos mexicanos, por ejemplo, condenados a muerte. También en contra del comercio de armas, aunque desgraciadamente sin éxito. Destaco esto porque la vía de la acción legal en EU es una legítima y posible. Están los mecanismos internacionales, incluyendo el mandato de su servidor como Relator Especial y el Comité de Derechos Humanos, obviamente instancias con capacidad limitada en cuanto al poder vinculante de sus decisiones. México es un país de enorme dinamismo dentro de la comunidad internacional y un actor de gran relevancia en el desarrollo y en la promoción del respeto del derecho internacional; desde ese punto de vista, tiene los elementos de fuerza para hacer valer sus derechos.
¿Aconseja acudir al Tribunal Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU?
Sí, por supuesto, es una vía legítima, incluso necesaria, pero son procesos que tardan mucho tiempo. En el mundo real, que es muy dinámico, en donde los vientos cambian rápidamente, las respuestas deben ser acordes, sin desmedro de que se inicien procesos de larga duración.
Parece que la administración Trump pretende normalizar comportamientos como la extracción ilegal de un jefe de Estado o el derecho a disparar a matar. ¿Qué peligros plantea esta política?
Los abusos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional que estamos viendo, están rápidamente deslegitimando a un país tan importante como Estados Unidos, su autoridad moral para condenar las violaciones a esas normas cometidas por otros países. Temo que esa autoridad moral, si es que no la ha perdido ya, la está perdiendo rápidamente. Eso está teniendo un efecto y un impacto interno que podría reflejarse en votos.
¿Envalentona a los autócratas?
Sin duda, ha sido y sigue siendo aplaudida por algunos regímenes totalitarios, incluyendo Rusia, China e Irán. Sin duda se sienten, de alguna manera, inspirados por alguna de esas iniciativas, como fue la agresión contra Venezuela.
El nuevo mundo de grandes potencias que se está construyendo se basa en la ley del más fuerte y la fuerza bruta. ¿Debemos resignarnos o los instrumentos internacionales resistirán?
No hay que ser tan catastróficos en cuanto al fin del orden mundial que se ha construido en 80 años. Y no es simplemente un optimismo, me baso un poco también en mi propia experiencia. Nací en Chile, crecí en Argentina. Viví allí durante las dictaduras. Fue un momento en el que parecía que se acababa el mundo, literalmente. No había respuesta a las gravísimas violaciones de derechos humanos que se vivían, a las declaraciones de quienes gobernaban con absoluta impunidad. Eran épocas en donde no quedaba nada y no había recurso ante nadie. Sin embargo, gracias a la tenacidad, a la lucha y a los principios de los familiares de las víctimas, entre ellas las Madres de Plaza de Mayo, y luego, poco a poco también a una respuesta creciente de la comunidad internacional, le dieron un giro de 180 grados a la situación y, décadas después, prevalecieron las democracias en nuestra región. Pero tenemos que estar muy atentos, llamar la atención y responder de acuerdo con el derecho y las normas internacionales.
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¿Qué papel le toca a México?
México es un país que en las últimas décadas ha demostrado un compromiso y un liderazgo destacable. Con altas y bajas, depende un poco de quién está en Los Pinos. Pero tampoco seamos ingenuos. México es un país que tiene una deuda, casi infinita, con más de 100 mil personas desaparecidas y sus familiares que buscan verdad, justicia y reparación. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. A pesar de ello, México como nación también ha sabido aportar de manera sustantiva al fortalecimiento de la normativa y el derecho internacional de derechos humanos. El rol, la función y la necesidad de la ONU es indiscutible y tan o más importante hoy que nunca. Por eso la importancia de que países como México, de Canadá, Brasil y otros, reafirmen su compromiso con el sistema internacional de derechos humanos.
Hay que predicar con el ejemplo. ¿Cuál es el balance que hace de la situación en México desde el último informe de 2016?
Del 2016 al presente ha pasado mucha agua bajo el puente. Incluye un agravamiento de la situación y del impacto del crimen organizado en México sobre la población y de lo derivado del combate al crimen organizado. Incluso a lo largo de toda una administración se abultó enormemente el número de personas desaparecidas en México dentro de la llamada guerra contra las drogas. Por otro lado, ha habido avances importantes en normativas, en jurisprudencia, en adopción de leyes, en mejora de algunos sistemas de investigación. Es decir, es un balance variopinto. Avances importantes, incluso en materia del compromiso del actual gobierno. Pero ha habido situaciones, y las sigue habiendo, muy preocupantes en materia de violaciones a los derechos humanos, en donde está comprometida la responsabilidad oficial a nivel local, a nivel estatal.
¿Piensa visitar el país?
Quiero reiterar mi solicitud para una invitación por parte del gobierno de México en mi calidad de Relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias. Hasta ahora no he tenido una respuesta y tampoco una negativa. México dice que tiene una invitación abierta a los procedimientos especiales de Naciones Unidas, pero es como una excusa. Lo que tiene que hacer es formalizar la invitación; sin ella no podemos visitar oficialmente el país. Tendría lugar en el espíritu pleno del diálogo constructivo con las autoridades y en el mejor interés de las víctimas. Quedo a las órdenes, me queda un año de mandato. Sería de gran valor para México y para las víctimas.