Bruselas.— Cuando se trata de los mejores países para la mujer en materia de seguridad, inclusión y acceso a la justicia, México no figura entre los Estados más favorables.

Aparece en el escalafón 103 de 167 naciones que componen el índice de Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2020, elaborado por el Centro de Investigación de la Paz de Oslo (PRIO, por sus siglas en inglés) y el Instituto Georgetown para la Mujer, la Seguridad y la Paz. Peor aún, México es después de Myanmar y Nicaragua, el país con mayor deterioro desde la primera edición del Índice en 2017, con un retroceso de 27 peldaños. Myanmar y Nicaragua, cayeron 31 y 30 escalones, respectivamente.

El índice fue fundado por el Ministerio de Exteriores de Noruega y constituye uno de los reportes más completos para medir los derechos y el bienestar socioeconómico de la mujer a nivel planetario.

El documento será publicado oficialmente el viernes en el marco de los Días de Paz de Oslo, un evento en el que se prevé que expertos, como Marianne Dahl, del PRIO, expongan a los que sacan las mejores y peores calificaciones. “Los mayores descensos. México retrocedió 27 lugares, a 103”. Señala que el país reporta una caída en el rubro de la inclusión financiera de las mujeres, de 39% a 33%. Sostiene que hay reportes de que muchas de las mujeres rurales receptoras de transferencias de efectivo por parte del gobierno no se benefician completamente al no ser conscientes de que tienen acceso a una cuenta bancaria de servicio completo.

“Los estereotipos de género restringen aún más las oportunidades económicas de las mujeres, como lo revela la gran brecha de género en el empleo: 84% de los hombres trabaja en comparación con 46% de las mujeres. La mayoría (59%) de las mujeres mexicanas con trabajo remunerado pertenece al sector informal”.

El informe mide las dimensiones básicas del bienestar de las mujeres con base en la evaluación de 11 indicadores: educación, inclusión financiera, empleo, uso del teléfono celular, representación parlamentaria, discriminación legal, parcialidad hacia los hijos (proporción de hombres/mujeres al nacer), normas discriminatorias, violencia por parte de la pareja íntima, percepción de seguridad comunitaria, violencia organizada (por cada 100 mil personas). México saca una puntuación global de 0.63, muy lejos de las cifras de los mejor ubicados: Noruega, Suiza, Finlandia y Noruega, con 0.90 y 0.89 puntos, respectivamente.

También se encuentra por debajo de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, así como países latinoamericanos sumidos en profundas crisis migratorias, como Venezuela y Honduras, que sacan calificaciones de 0.71 y 0.70. “Conflictos no estatales continúan a niveles históricamente elevados, con casi 18 mil 300 muertes en 2018, un nivel casi tan alto como en 2017. Las muertes por conflictos no estatales tuvieron lugar predominantemente en México y Siria”, apunta.

“La forma como la violencia organizada socava los logros de México en inclusión y justicia para las mujeres, subraya por qué la dimensión de seguridad es vital para una imagen integral del bienestar de las mujeres”, precisa. El informe señala que si México resolviera el tema de la violencia organizada, otra sería la situación de la mujer en el país. “México tiene un mejor desempeño cuando la violencia organizada se elimina del cálculo, mejorando su rango de 103 a 66”. “El rango de México basado en la totalidad del Índice refleja completamente los efectos devastadores de la violencia generalizada sobre su gente”.

En el análisis detallado de los indicadores, México saca sus mejores notas en representación parlamentaria y acceso a telefonía celular. El país figura entre las 10 naciones con mayores avances, con casi tres de cada cuatro mexicanas con celular. Los peores resultados se registran en materia de seguridad en la comunidad; las mexicanas mayores de 15 años tienen una percepción de sentirse seguras en su entorno de sólo 37.7%, peor que algunas de las naciones ubicadas en el fondo, como Irak, con 60%, Sudán y Yemen, con 42%.

“Si bien la seguridad en la comunidad no está correlacionada con la violencia organizada, la violencia de pareja sí lo está fuertemente. También existe una fuerte correlación entre la falta de seguridad de la comunidad y la violencia de pareja”.

Según los autores, el análisis resalta la importancia de la coherencia entre las políticas gubernamentales, es decir, entre impartición de justicia, educación, acceso al empleo juvenil, la promoción de la paz y la eliminación de la violencia doméstica.

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