“Empieza otro trabajo enorme por delante en Argentina”

Buenos Aires.— La ley de aborto entró en vigor ayer en Argentina, bajo la atenta mirada del movimiento feminista y de las autoridades, que se comprometen a garantizar su aplicación integral ante el rechazo existente entre sectores conservadores.

“Empieza otro trabajo enorme por delante”, dijo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, al reconocer días atrás que una vez que la norma está vigente el gobierno deberá sortear los diversos obstáculos que con seguridad se sucederán para evitar su efectiva implementación en todo el país.

La ley de interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada en el Senado el 30 de diciembre, luego de ser avalada por la Cámara de Diputados. Considera la posibilidad de abortar de “toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar” hasta la semana 14 en el sistema de salud en un plazo máximo de 10 días desde que lo solicita. Más allá de las 14 semanas está permitido, si la gestación fuera producto de una violación, mediante declaración jurada presentada ante el personal de salud, o si estuviera en riesgo la vida de la mujer.

“Habrá que iniciar un proceso de capacitación de los profesionales, pero es importante decir que el aborto es una práctica ambulatoria y que no requiere de ninguna guía ni protocolo para su garantía”, explicó Laura Salomé, vocera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Alcorta señaló que el Ministerio de Salud ha realizado una gran compra del abortivo misoprostol “para repartir en todas las provincias”. La ministra reconoció que se esperan demandas judiciales desde sectores antiabortistas de provincias conservadoras o la posible renuencia de ciertos actores de la salud —como los privados— para llevar a cabo la práctica.

“La ley desencadena un nuevo proceso en el sistema de salud que llevará su tiempo”, coincidió la directora bonaerense de Salud de la Mujer, Infancia y Adolescencia, Sabrina Balaña de Caro.

La Iglesia ha manifestado su rechazo a la norma. El Consorcio de Médicos Católicos, la Corporación de Abogados Católicos y la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia son varias de las organizaciones que instaron a resistirla al considerar que “la Constitución y los Tratados Internacionales con rango constitucional protegen la vida del niño desde la concepción”.