Doce países firman Acuerdo de Escazú

Nueva York.— Doce países de América Latina y el Caribe firmaron y ratificaron ayer en la sede de Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú, el primer tratado vinculante en política ambiental de la región, que contiene disposiciones para proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Según informó Amnistía Internacional (AI), los países firmantes son Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay; se esperaba que en las siguientes horas se unieran República Dominicana y Haití. Por México firmó el canciller Luis Videgaray Caso.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, señaló en rueda de prensa la apertura de un proceso de dos años para que el resto de los 33 países de la región se adhieran. La Cepal ejercerá como secretaria del proceso.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 4 de marzo pasado en Escazú (Costa Rica). Entrará en vigor 90 días después de que haya sido depositado el onceavo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Con cada nueva ratificación, o firma, en el caso de los países caribeños, el acuerdo se convierte en ley nacional, lo que supondrá desafíos en cuanto al acceso a la información para algunas instituciones, ya que se podría impugnar y recurrir la no entrega de datos.

El acuerdo implementa el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro (1992), que establece salvaguardar los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en cuestiones medioambientales. El de Escazú es el primer tratado de la historia que incluye disposiciones específicas para proteger a quienes defienden el medioambiente, sentando así un ejemplo para el mundo entero. Bárcena destacó que prevé acciones para “prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas e intimidaciones a estos defensores de los derechos humanos”.