El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aplicó como su principal estrategia ante la pandemia el confinamiento domiciliario, pero en el día seis anunció la entrega de un subsidio de 300 dólares estadounidenses para los más afectados.
Al día siguiente, los bancos y los Centros Nacionales de Atención y Administración de Subsidio (Cenade) amanecieron con largas filas. En cuestión de horas, el gobernante reconoció su error: “Los Cenade están demasiado llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio [para] usted, su vida y la de su familia”, escribió Bukele en sus redes sociales. La escena evidencia cómo en El Salvador las decisiones políticas caminan por encima de los criterios médico-científicos.
Esa es la conclusión de médicos, epidemiólogos, infectólogos y académicos de larga experiencia: voces disidentes de la actuación del gobierno salvadoreño, en el manejo de la crisis sanitaria, entrevistados por Conexión Centroamericana.

Si bien los expertos apoyaron el temprano cierre de fronteras, decretado el 11 de marzo, criticaron la falta de un plan estructurado sobre pruebas, cuarentenas —a su juicio, deben ser focalizadas—, la atención en hospitales y, sobre todo, la transparencia en los datos de la emergencia, así como salir a buscar los casos a las comunidades, en lugar de esperar a los pacientes en los hospitales.
Para Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico de El Salvador, las autoridades buscaron ocultar el impacto de la ruptura de la cuarentena, manipulando los datos de las pruebas de laboratorio.
A la fecha, el gobierno se ha negado a conformar mesas técnicas de especialistas y a escuchar otras opiniones. Incluso, el presidente optó por desprestigiar a las voces disidentes.
“La Asociación Salvadoreña de Infectología ha puesto a disposición sus conocimientos y colaboración; pero, desafortunadamente, no hemos sido llamados. Aquí, ha prevalecido el criterio político, en 80%, y el médico-técnico, en 20%,”, sostuvo su presidente, Mario Gamero.
En Guatemala se aplicaron restricciones en los cementerios durante los sepelios. ORLANDO ESTRADA
“El personal médico está batallando con todo, están cansados y agotados”, dijo el doctor Marco Barrientos, con la voz entrecortada, la mañana del 11 de junio cuando el Hospital Roosevelt de Guatemala amanecía con 140 pacientes con Covid-19, 90% en estado crítico.
El cansancio no era sólo físico por gestionar una pandemia con recursos históricamente precarios, sino también por la frustración de llevar meses diciendo lo mismo, sin ser escuchados. “Convertir a hospitales de alta especialización en los que den respuesta a la pandemia no fue la mejor opción, sin un plan organizado que designara el número de camas, insumos y personal que podrían atender”, opinó la presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas, la infectóloga Nancy Sandoval, quien usa sus redes sociales para advertir a la población sobre el riesgo de la pandemia.
Tras detectarse el primer caso de Covid-19, el 13 de marzo, el gobierno de Guatemala buscó evitar el colapso de los centros médicos con una apresurada construcción de cinco hospitales temporales; sin embargo, hubo faltante de equipos, fallas técnicas y personal insuficiente, al punto de que esos centros también se saturaron. La demanda por equipos de protección ha sido otro llamado persistente del personal sanitario que sumaba 15 decesos y más de 200 infectados al 10 de julio.
Tras asumir su mandato, en enero de este año, el presidente Alejandro Giammattei designó como ministro de Salud al político Hugo Monroy, un excompañero de partido sin experiencia en salud pública. “Creía que la enfermedad no iba venir a Guatemala (…) El cierre temprano de actividades fue porque insistimos”, recordó el infectólogo Eduardo Arathoon sobre la actitud de Monroy.
El 11 de junio, Barrientos dio un grito de auxilio. “No queremos dejar de atender a nadie; pero, físicamente, hay un límite, todo el personal se ha movido para conseguir más cilindros de oxígeno, manómetros, ventiladores, insumos, equipo; pero no se puede más, necesitamos se desahogue a todos”, dijo.
Una semana después, Giammattei ordenó el relevo de toda la cúpula del Ministerio de Salud y nombró a profesionales con experiencia. Conformó a la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), dirigida por el pediatra, infectólogo y epidemiólogo Edwin Asturias.
El presidente anunció que se usará un Tablero de Alerta Sanitaria, según el número de casos y el porcentaje de pruebas positivas en cada municipio. Sin embargo, saltan muchas dudas sobre la obtención y procesamiento de muestras de cada municipio.
La búsqueda activa de enfermos de Covid-19 es una de las estrategias sanitarias en Costa Rica. MAURICIO BUSTOS
Costa Rica, la primera nación de Centroamérica en registrar un caso de Covid-19 y la última en alcanzar la fase de transmisión comunitaria, con 5.1 millones de habitantes, puso en su primera línea a salubristas, epidemiólogos, médicos y científicos en las estrategias ante la pandemia.
Para el 16 de marzo, el gobierno decretó el estado de emergencia con cierre de fronteras; suspensión del curso lectivo —la enseñanza sigue a distancia—; prohibición de eventos masivos; fomento al teletrabajo; restricciones en la apertura de comercios y en la circulación de vehículos, y clausura de visitas a playas y parques nacionales. Las últimas medidas variaron con el proceso de reapertura.
Si bien no hubo confinamiento masivo, los pacientes infectados sí debían cumplir cuarentenas y se insistía a la población en el #quedateencasa, entre otras directrices.
“El baile y el martillo” fue la figura empleada por el mandatario Carlos Alvarado cuando anunció el proceso de reapertura de la economía, el 11 de mayo, para indicar que las actividades comerciales volverían a retomarse, en cuatro fases graduales, eso sí, vigilando el avance de la epidemia; sin embargo, vino una segunda ola.
Especialistas enumeraron aspectos que pudieron incidir en el desbordamiento de los contagios en el país.
La primera ola golpeó a un grupo con recursos económicos para cumplir con las cuarentenas, frente a un segundo embate que afectó a familias con ingresos limitados, nacionales y extranjeros; pero todos pecaron en organizar fiestas que dejaron enfermos e, incluso, muertos.
En Nicaragua hubo entierros exprés para los que murieron con síntomas asociados al coronavirus. OSCAR NAVARRETE
Para el 14 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportaba cerca de 138 mil contagios, en 123 países, con más de 5 mil muertos por un nuevo tipo de coronavirus; la crisis sanitaria ya alcanzaba el grado de pandemia.
A contracorriente a lo hecho por la mayoría de las naciones, Nicaragua mantendría sus fronteras abiertas —dado el cese de vuelos comerciales, su aeropuerto sí cerró operaciones—, no habría cuarentenas generalizadas ni cierre de escuelas ni comercios.
El virus se enfrentaría con la fortaleza del sistema público de salud, anunció Sonia Castro, asesora en temas de salud del presidente Daniel Ortega. Ella fue sancionada por EU, Canadá y la Unión Europea por denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Las redes sociales y la prensa opuesta al régimen pusieron al descubierto imágenes, como los denominados entierros exprés: fallecidos con evidentes síntomas de Covid-19, pero registrados como decesos por “neumonía típica”. También mostraron las filas de familiares de pacientes, afuera de los hospitales, en busca de información sobre el estado de salud de los que ingresaron con síntomas sospechosos del Covid-19.
Reconocidos profesionales nicaragüenses conformaron el Comité Científico Multidisciplinario y el Observatorio Ciudadano de Covid-19. El comité brinda información médica y científica sobre prevención del virus y cómo lidiar con un contagio. El observatorio levanta bases de datos sobre los casos de Covid-19, ante la ausencia de números confiables.
*Este proyecto forma parte de la serie Historias sin fronteras, bajo la edición general de Iván Carrillo, y ha sido posible gracias al apoyo de la organización periodística InquireFirst y el Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes.