Contrato con minera hace estallar protestas en Panamá

San José. – El hilo de una presión interna contenida en el siglo XXI en Panamá por el descontento popular ante un tejido de imparable corrupción y de creciente ingobernabilidad se reventó este mes por lo más delgado, en un violento conflicto callejero que estalló desde la semana pasada y se prolongó en repudio a la aprobación de un contrato del Estado panameño con una compañía minera de Canadá.

La Defensoría del Pueblo de Panamá denunció el viernes anterior la “escalada en el uso de la fuerza” de la Policía Nacional para reprimir a los miles de manifestantes que se lanzaron a las calles panameñas para oponerse al acuerdo concedido a la transnacional canadiense First Quantum Minerals Ltd. (FQM por sus siglas en inglés) para que opere una mina panameña de cobre que es la más grande de Centroamérica.

“La sensación popular es muy negativa. Estamos al borde de un Estado anárquico. Hay una presión contenida, una rabia”, advirtió el abogado y diplomático panameño Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá en la Organización de Estados Americanos (OEA).

El gobierno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, “potencializó la corrupción del país como nunca antes se había visto. El descaro ha sobrepasado cualquier límite. La gran mayoría de la ciudadanía tiene la percepción de que algo huele a podrido, pestilencia que se ha expandido por todos los estratos de nuestra sociedad”, dijo Cochez a EL UNIVERSAL.

“¿Tendrán en el gobierno la capacidad de reflexionar y llegar a la conclusión de que estamos al borde de un profundo estallido social? La gente está harta del estiércol en que esta gente ha convertido el poder”, ratificó.

Al sugerir que en el beneficio del oficialismo a la minera habría trasfondo de corrupción, Cochez recalcó: “La gran mayoría de la ciudadanía tiene la percepción de que algo huele a podrido”.

Con un trayecto en cámara lenta de varios años, la crisis detonó por el beneficio a la minera canadiense y luego de que, el 20 de este mes y en una acción a toda velocidad al inicio de la segunda quincena de octubre, la Asamblea Nacional aprobó el contrato.

En otro acto relámpago, Cortizo firmó ese mismo día el ejecútese de la ley y el lío se desbordó con protestas, violencia y disturbios en diferentes ciudades panameñas con estudiantes universitarios, obreros, docentes, indígenas, sindicalistas, ambientalistas y gremios profesionales con bloqueos viales, vandalismo y otros hechos de agresión pública. Panamá está paralizada desde hace una semana.

Defendido como transparente por el gobierno de Cortizo, que empezó en 2019 y concluirá en 2024, el contrato aprobado por el Poder Legislativo autorizó a FQM a operar por 20 años, que se pueden extender a otros 20, con aportes mínimos de 375 millones de dólares anuales de la firma canadiense al Estado y 10 veces superior a los montos previos.

En sus planteamientos a favor, el gobierno de Cortizo argumentó que el convenio significará “una mejora sustancial” a lo que existe actualmente, generará 8 mil empleos directos y 40 mil indirectos y representará un aporte del 4% al Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá.

La mina ya funciona en el sector panameño del área del Caribe, con una producción anual de unas 300 mil toneladas de concentrado, con expectativas de que llegará a unas 425 mil en 2023.

En su página digital, FQM se presentó como empresa de minería y metales “reconocida y de rápido crecimiento, que actualmente opera siete minas en producción y desarrolla cinco proyectos a nivel mundial” para producir cobre, níquel, oro, zinc y metales del grupo del platino.

“Adicionalmente, estamos desarrollando proyectos en Zambia, Perú y Panamá que cuando estén terminados, aumentarán nuestra capacidad de producción anual de cobre a más de 1 millón 300 mil toneladas anuales”, anunció.

Un asunto esencial de los adversarios del contrato es que concede facilidades a la minera para disponer de factores como la vida silvestre, las aguas y las tierras, lo que violaría la Constitución Política de Panamá.

Los opositores alegaron que el pacto incurre en violaciones constitucionales, desastres ambientalistas y desventajas financieras para el Estado panameño, entre otra serie de alertas en un país con un prolongado historial de luchas nacionalistas.

Los panameños lograron, en 1977, rubricar unos tratados con Estados Unidos para derogar el concepto a perpetuidad del dominio estadounidense en el Canal de Panamá, construido a partir de 1904 y en servicio desde 1914. La vía que une a los océanos Atlántico y Pacífico pasó en 1999 a pleno control de Panamá.

Inestabilidad

Con apenas 33 años de vida en democracia tras el régimen militar que se instaló con un golpe de Estado en 1968 y gobernó hasta 1989, cuando fue depuesto por una invasión armada de Estados Unidos en contra del régimen —acusado de estructura narcotraficante— del general Manuel Noriega (1934—2017), Panamá ancló en la corrupción política, mientras uno de cada cuatro panameños está en la pobreza en un país de cuatro y medio millones de habitantes.

Expresidentes, parientes de políticos poderosos, políticos, partidos, empresarios —panameños y extranjeros— y diferentes actores de la vida panameña fueron señalados en este siglo de jugar, con multimillonarias apuestas, en el vasto casino de la política de Panamá, con los dados cargados en negocios comerciales, financieros, de infraestructura y de la más distinta índole en el país que está en la cintura de América.

La posición geográfica se consolidó como el principal activo de Panamá, que diseñó trillos y secretos con facilidades financieras y jurídicas para ganarse en el siglo XX el galardón de ser uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

Panamá alberga múltiples servicios globales, como esconder sociedades anónimas y de seguros, disponer de un centro bancario internacional y de una zona de libre comercio —la segunda principal del mundo luego de Hong Kong— y plataforma del abanderamiento de barcos con la primera flota mercante global como referente del transporte marítimo universal.