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Los independentistas catalanes sufrieron ayer un duro golpe en los tribunales. Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido hegemónico del nacionalismo, fue condenado a pagar 6.6 millones de euros por financiación ilegal.
La condena de ayer de la Audiencia de Barcelona responde a la investigación sobre el cobro de comisiones a través del Palau (Palacio) de la Música de Barcelona.
El presidente del Palau, Félix Millet, fue condenado a nueve años de cárcel. Millet, perteneciente a una de las grandes familias industriales catalanas, cobraba comisiones a empresas que querían hacer negocios públicos. La sentencia considera probado que una de estas empresas, la constructora Ferrovial, pagó al Palau hasta 100 millones para que CDC le adjudicase obras públicas por valor de 2 mil 500 millones en concursos trampeados. El ex tesorero de CDC, Daniel Osácar, también recibió cuatro años y cinco meses de cárcel, junto con otros 10 condenados más.
Las investigaciones empezaron en 2009 y supusieron un shock en la alta sociedad catalana. CDC quedó para siempre identificado como una máquina corrupta que cobraba 3% de comisiones en cada proyecto público para su financiación ilegal. Ante la imposibilidad de reconstruir su imagen, el partido se disolvió y refundó en otro llamado PDeCat, que ahora forma parte de la coalición Junts Per Sí, liderada por Carles Puigdemont.
El cambio de nombre en el partido fue el argumento que Mas y el PDeCat utilizaron ayer para no responsabilizarse de la condena. El PDeCat recordó que ahora es “una formación nueva”, nacida en 2016. Mas dijo que no se puede pedir responsabilidades políticas “cuando el partido ha desaparecido”. El PDeCat ya tiene embargadas 15 de sus sedes. La sentencia le obligará a vender la central y quedará al borde de la bancarrota.
Esto hará más complicado pagar los gastos de Puigdemont y los cuatro ex consejeros de su gobierno que se refugian en Bélgica de la justicia española por proclamar la independencia de Cataluña. Además, la necesidad de rearmar el partido se presenta como un incentivo para el PDeCat, cuya dirección preferiría formar un gobierno nacionalista estable, presidido por un perfil técnico.
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Sin embargo, Puigdemont se opone a un plan de relajar los ánimos y dar un paso al lado. Rajoy declaró ayer que el líder catalán no podrá ser investido como presidente de la comunidad desde Bélgica, mediante Skype o un representante. El presidente español insistió en que Puigdemont debe regresa a Barcelona y enfrentarse a la ley. De lo contrario, el gobierno central no devolverá a Cataluña la autonomía plena y mantendrá sus cuentas intervenidas.
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